Rosío Torres continúa impune debido a dilación en el Congreso

La denuncia constitucional contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Rosío Torres, por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores, está estancada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

La semana pasada, la presidenta de dicha Subcomisión, Lady Camones, propuso que su colega de Fuerza Popular (FP) Patricia Juárez fuera la ponente en este caso. Ella debía elaborar el informe final sobre la denuncia contra la apepista.

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Pero Juárez se excusó de hacerlo y argumentó que se encontraba cargada laboralmente al integrar demasiadas comisiones en el Congreso, por lo que rechazó el encargo.

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Los mochasueldos

Según fuentes parlamentarias, hasta el momento ninguno de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones se ha ofrecido para ser delegado en la denuncia contra Torres.

Mientras eso no suceda, no habrá informe final que acuse a la congresista de APP, el caso quedará en compás de espera y la legisladora seguirá impune. La decisión de Juárez ha paralizado la indagación en la Subcomisión para sancionar a Torres.

Hoy sesiona la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no figura en la agenda la designación de un delegado para ese caso. Este diario preguntó a la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, si existe un reemplazo de Juárez, pero al cierre de esta nota no respondió nuestra interrogante.

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La apepista Torres goza de protección del Congreso por ahora. El 23 de junio, la Comisión de Ética había recomendado suspenderla por 120 días debido a la denuncia que pesa en su contra por el recorte de sueldo a sus trabajadores.

Pero ese día su compañera de bancada Cheryl Trigozo pidió que Torres solo sea sancionada con 30 días de multa y una amonestación escrita. Su solicitud fue avalada por la mayoría en Ética. Otro ejemplo de blindaje.

Digna Calle en la mira

Entre los temas que se discutirán en esta sesión figura el informe de calificación de la denuncia constitucional contra la congresista de Podemos Perú Digna Calle por presunto abandono del cargo.

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El caso engloba dos denuncias contra Calle, una formulada por su colega de Avanza País Rosselli Amuruz y otra por Kelly Portalatino de Perú Libre. Ambas piden que la legisladora de Podemos Perú sea inhabilitada de la función pública.

La congresista Calle, en su defensa, dice que no quiere pertenecer a este Parlamento porque su proyecto de ley de adelanto de elecciones generales fue rechazado. Mientras sea procesada, anunció, continuará participando de las sesiones de forma virtual.

Desde enero, cuando viajó a Estados Unidos, no realiza semana de representación. En su despacho, pese a que ella asegura no querer integrar este Congreso, siguen trabajando sus asesores de manera presencial.

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Por un lado, la congresista de Podemos sostiene que no quiere pertenecer a este Legislativo, pero por otro, durante su periodo en Estados Unidos, votó a favor, de manera remota, de la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Además, en medio de la crisis política, se mantuvo ausente y en silencio.

El juicio político al que será sometida en la Subcomisión de Acusaciones apunta a que sea desaforada.

Otros casos de ‘mochasueldos’

En la Subcomisión hay otras dos legisladoras denunciadas por recorte de sueldo a sus trabajadores: María Acuña, de APP; Magaly Ruiz, de APP; y Heidy Juárez, de Podemos Perú.

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El delegado en el caso de Acuña es el fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu; en el de Ruiz es Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial; y en el de Juárez, la congresista de APP Edith Julón.