Procuraduría del Poder Judicial apelará sentencia de habeas corpus que favorece a Vladimir Cerrón

Decisión. Señaló que impugnará el fallo en aras de la defensa jurídica del Estado. Precisó que dicha resolución no es definitiva y será revisada en segunda instancia por una Sala Superior.

Gozo. Vladimir Cerrón celebra aun cuando otra sala decidirá la suspensión de la pena. Foto: difusión
Gozo. Vladimir Cerrón celebra aun cuando otra sala decidirá la suspensión de la pena. Foto: difusión

La Procuraduría Pública del Poder Judicial se pronunció ante el fallo del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, que declaró fundada, en parte, la demanda de habeas corpus presentado por el investigado Vladimir Cerrón Rojas en contra del Poder Judicial. El órgano de defensa judicial señaló que impugnará la sentencia que suspende la condena a cuatro años de prisión del líder de Perú Libre y anula su inhabilitación para ejercer cargo público.

A través de un comunicado dijo que en aras de la defensa jurídica del Estado impugnará el fallo expedido en primera instancia por el juez John Paredes, y precisa que dicha resolución no es definitiva y será revisada en segunda instancia por una Sala Superior.

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La cuestionada sentencia judicial de habeas corpus declaró nula una sentencia emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior, así como el auto (resolución) de calificación de la casación n° 2236-2020-Junín emitida por una Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, ordenó a la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín que “emita nueva resolución, tomando en consideración los argumentos esbozados en la presente sentencia”.

Como se recuerda, Cerrón Rojas fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión en agosto de 2019 por delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo durante la ejecución de una obra de agua y saneamiento en La Oroya. También se ordenó su inhabilitación para ejercer cargo público por un año.

La decisión judicial alcanzó a los exfuncionarios Carlos Mayta Valdez y Juan Sulca Yauyo. Todos fueron encontrados responsables de beneficiar a la empresa encargada de la obra en La Oroya.

En sus redes sociales, Cerrón celebró la anulación de la “sentencia arbitraria” y alegó que fue emitida para sacarlo del Gobierno Regional de Junín.

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