El caso Michael Urtecho y su impacto en los demás acusados de ‘mochasueldos’
Precedente. Hay 10 congresistas denunciados por lo mismo, pero ninguno, hasta ahora, ha sido suspendido o inhabilitado, como sucedió con Urtecho en 2013. La Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones son responsables de estos casos.
A diferencia de lo que sucede en el actual Congreso, en el 2013, cuando el entonces parlamentario de Solidaridad Nacional Michael Urtecho fue denunciado por recortar y apoderarse del sueldo de sus trabajadores, su destitución y acusación se concretó en cuestión de meses.
Para octubre de ese año, el Pleno aprobó suspenderlo por 120 días debido a que la Comisión de Ética había recomendado esa sanción. En diciembre también fue aprobada una acusación constitucional por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, así como su inhabilitación de la función pública por 10 años.
Debido a que el Congreso lo acusó de esos delitos, la Fiscalía pudo formalizar la investigación contra Urtecho sobre esa materia y, 10 años después, el Poder Judicial lo sentenció a 22 años y 5 meses de prisión.
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El precedente Urtecho
Ayer el Poder Judicial recordó, a través de su cuenta de Twitter, que el funcionario o servidor del Estado que abuse de su cargo y posición al solicitar dinero a un trabajador comete delito de concusión, penado hasta con 8 años de prisión, inhabilitación y multa.
Esa advertencia llegó hasta los Pasos Perdidos.
El caso Urtecho, según el abogado penalista Andy Carrión, incluyó, además de concusión, el enriquecimiento ilícito, que es un delito más grave.
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Sentenciado. Condena a Michael Urtecho sienta precedente. Foto: difusión
Asimismo, Carrión recordó que la esposa del excongresista también resultó involucrada y fue sentenciada por lavado de activos. “Esto sienta un precedente de cara a quienes colaboran con los congresistas. Incluso, en la valoración de la pena puede llegar a equipararse con los delitos de organización criminal”, comentó.
Esto explica por qué Urtecho recibió esa condena.
En el caso del actual Congreso, hay 10 parlamentarios sindicados como ‘mochasueldos’: María Cordero Jon Tay (no agrupada), Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), Edgar Tello (Bloque Magisterial), José Arriola (no agrupado), Magaly Ruiz (APP), Rosio Torres (APP), María Acuña (APP), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), Heydi Juárez (Podemos Perú) y Marleny Portero (Acción Popular).
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Estos casos han sido vistos en la Comisión de Ética y, respecto a Torres, Juárez y Ruiz, fue rechazada la recomendación de suspenderlos de sus funciones. Los demás siguen en etapa de indagación.
Queda pendiente en esta legislatura resolver tales controversias. La Comisión de Ética estará a cargo para este periodo por Diego Bazán, legislador de Avanza País. Está en sus manos que estos procesos se agilicen.
Comisión de Etica. Será presidida por Diego Bazán. Foto: difusión
En tanto, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, de APP, todavía no se ha formulado ninguna acusación. Ante esta comisión, el Ministerio Público denunció a las congresistas Acuña, Torres, Ruiz, Ugarte y Juárez por concusión.
Con los demás, la Fiscalía de la Nación se toma su tiempo.
El lunes, asimismo, la Procuraduría le solicitó a la fiscal de la Nación también abrir investigación contra el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, por concusión tras revelarse chats de WhatsApp que demuestran que sus trabajadores aportan ‘cuotas’ para promocionarlo en redes sociales.
Carrión resaltó un problema en estos casos. Con Urtecho, el Ministerio Público le imputó concusión y enriquecimiento ilícito. El Congreso de esa época aprobó acusarlo por esos delitos. Sin embargo, con los actuales denunciados, las pesquisas solo giran sobre la concusión, que es un delito menor, el cual puede terminar con una pena de prisión suspendida.
Subcomisión. Su presidenta es Lady Camones. Foto: difusión
Carrión lamentó que la Fiscalía, teniendo el precedente de Urtecho, solo haya denunciado por ese delito a los congresistas. “Aquí hay una convivencia con el Congreso”, alertó.
Y eso despiertas las alarmas porque, independiente de los ilícitos que impute el MP, es el Pleno el que determinará de qué se acusará a los parlamentarios.
Votación
Actas. En 2013, una de las congresistas que votó a favor de acusar e inhabilitar a Urtecho fue Keiko Fujimori. Como se sabe, ella fue legisladora en el periodo del 2011 al 2016. Su agrupación, sin embargo, ahora cierra filas para defender a Alejandro Soto.
