Política

Juzgado admite nuevo habeas corpus de Pedro Castillo con el que busca ser liberado

A través de la justicia constitucional, el expresidente Pedro Castillo pretende anular la prisión preventiva que le impuso la Corte Suprema.

Pedro Castillo Foto: EFE
Pedro Castillo Foto: EFE

El golpista expresidente Pedro Castillo presentó un nuevo habeas corpus para anular la prisión preventiva por 18 meses que le impuso el Poder Judicial en la investigación por los presuntos delitos de rebelión —alternativamente conspiración—, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Ello a raíz del fallido golpe de Estado que intentó perpetrar el miércoles 7 de diciembre de 2022. El recurso fue admitido por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Alfredo Cabrera Giurisch.

Castillo Terrones solicita dejar sin efecto la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria con la que se le impuso prisión preventiva, así como la ratificación de dicho fallo por parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

La demanda está dirigida contra los jueces supremos César San Martín, Manuel Luján Túpez, María Altabás Kajatt, Erasmo Coaguila Chávez y Norma Carbajal Chávez.

El exmandatario alega que los referidos vocales habrían vulnerado su “derecho fundamental del debido proceso y tutela Jurisdiccional efectiva, en su vertiente de motivación de resolución judicial, en conexidad con la libertad individual”.

Antejuicio político

Este es el segundo recurso que interpone el expresidente Pedro Castillo para intentar recobrar su libertad. Esta semana, el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, admitió a trámite el habeas corpus que planteó el exmandatario contra la prisión preventiva que cumple en el penal de Barbadillo.

En este caso, además de cuestionar la actuación de la Corte Suprema, el ex jefe de Estado intenta anular la resolución del Congreso que levantó la prerrogativa del antejuicio político, requisito necesario para que la Fiscalía pueda formalizar una investigación preparatoria y solicitar medidas coercitivas como la prisión preventiva.

El expresidente alega que los congresistas “no pueden dejar sin efecto el derecho a antejuicio político por encontrarse en flagrancia delictiva” y recuerda que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí se procesa por este mismo caso a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.