Jueces no descartan viajar a Brasil para interrogar testigo

Juicio a Humala. Las declaraciones de Marcelo Odebrecht y otros siete testigos se han frustrado en dos ocasiones por problemas con la cooperación judicial con Brasil.

Proceso. De ser necesario, los jueces estarían dispuestos a viajar a Brasil para interrogar a Marcelo Odebrecht y colaboradores. Foto: difusión
Proceso. De ser necesario, los jueces estarían dispuestos a viajar a Brasil para interrogar a Marcelo Odebrecht y colaboradores. Foto: difusión

En el juicio al expresidente Pedro Ollanta y sus principales colaboradores, el 3° Juzgado Penal Colegiado solicitó a la Unidad de Cooperación Judicial evaluar diversas alternativas para recibir las declaraciones de ocho testigos brasileños.

Incluso, se incluyó la posibilidad del desplazamiento de los jueces peruanos a la sede diplomática de Brasil u otro lugar, lo que podría abarcar, de acuerdo con fuentes judiciales, un viaje de las autoridades a Brasil.

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Los jueces Nayko Coronado Salazar, Raúl Caballero Laura y Max Vengoa Valdiglesias hicieron esta solicitud con el objetivo de concretar la declaración de dichos testigos, cuya concurrencia ante el tribunal no se ha podido concretar en dos oportunidades.

Marcelo Odebrecht, Luis Antonio Mameri, Fernando Miglaccio Da Silva, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho, Joao Cerqueira De Santana Filho, Mónica Regina Cunha Moura, Valfredo De Assis Ribeiro y Valdemir Pereira Garreta debieron dar su testimonio en noviembre y luego en este mes de enero, pero eso hasta hoy no se concreta.

En este sentido, el tribunal ofició a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional adscrita a la Fiscalía a la Nación que consulte con su similar de Brasil la posibilidad de que dichos testigos declaren ante los jueces peruanos en su sede judicial en Lima.

Además, que se consulte la posibilidad de que la autoridad judicial se traslade a la sede diplomática de Brasil u otro lugar a fin de recibir las declaraciones de estos personajes.

El tribunal busca agotar todas las alternativas legales para un interrogatorio directo a dichos testigo, pues esto no solo tendrá incidencia en el presente juicio, sino que marcará un camino para los siguientes procesos.

En noviembre, la Fiscalía solicitó prescindir de las declaraciones de los mencionados testigos. En enero, ya no reiteró este pedido. Al contrario, requirió insistir con la notificación. Los que ahora sí pidieron incluso la nulidad de las declaraciones fueron una parte de los abogados defensores.

Los jueces han decidido esperar, ya que en principio ni en noviembre ni en enero se tiene constancia oficial de que las autoridades brasileñas entregaron las notificaciones.

Los abogados brasileños de Ollanta Humala y Nadine Heredia han cuestionado en Brasil la constitucionalidad del procedimiento utilizado para interrogar a los ciudadanos de dicho país. El reclamo sigue en evaluación en el Ministerio de Justicia de Brasil y la Corte Federal de Justicia.

La Fiscalía brasileña, que apoyó el trabajo del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato, ha reiterado que las declaraciones cumplieron con las normas legales de Brasil, pero aún se desconoce cual será la decisión final.

En todo caso, el tribunal ha vuelto a reprogramar las declaraciones de Marcelo Odebrecht y sus directivos, entre el 24 y 28 de abril, a fin de dar tiempo a Cooperación Judicial Internacional de coordinar con su similar de Brasil.

Falta interrogar a 104 testigos de Fiscalía y defensa

En el juicio al expresidente Ollanta Humala por los presuntos aportes ilícitos de campaña que habría recibido de Venezuela y Brasil, se programó interrogar a 285 testigos.

De estos, ya se interrogó 181 testigos, tanto propuestos por la Fiscalía, los abogados de la defensa y la Procuraduria, por lo que faltan 104, entre ellos, los brasileños.

En caso de prescindir de la declaración de algún testigo, la Fiscalía podría utilizar las declaraciones previas que dieron en la etapa de investigación, aunque para esto se debe acreditar que no se les pudo interrogar en juicio por causa de fuerza mayor.

Pero eso podría debilitar la posición de la Fiscalía para probar los cargos penales.

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