Pedro Castillo: programan para este martes 13 audiencia de apelación a detención preliminar
Sala Penal Permanente evaluará recurso del expresidente Pedro Castillo para anular la orden de detención preliminar por 7 días en su contra.
- Extranjeros en Perú podrán votar y ser candidatos municipales en Elecciones 2026: Reniec publica los requisitos
- Pase al retiro PNP 2025: dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional del Perú
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programó para este martes 13 de diciembre la audiencia de apelación a la detención preliminar por siete días que dictó el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
La sala que preside el juez supremo César San Martín evaluará los argumentos del exmandatario Castillo, así como los del Equipo Especial de la Fiscalía, a partir de las 9.00 a. m.
TE RECOMENDAMOS
ELECCIONES 2026, EXPULSIONES Y AT3NTAN CONTRA PERIODISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Según pudo conocer La República, el vacado exjefe de Estado acreditó al abogado Guillermo Olivera Díaz como su defensa legal en el presente caso.
PUEDES VER: “¡Pero qué has hecho, Pedro!”: revelan lo que Lilia Paredes le dijo a Castillo al ser detenidos
Olivera Díaz busca que se anule la resolución del juez supremo Juan Checkley Soria, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que declaró legal la detención de Pedro Castillo producida el miércoles 7 de diciembre tras el mensaje a la nación en el que dispuso sin éxito el cierre del Congreso y la intervención del sistema de justicia; y que se ordene la inmediata libertad del exmandatario.
Congreso levantó el fuero de Pedro Castillo
Sin respetar el proceso establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, el Pleno acordó levantar la prerrogativa de antejuicio político del expresidente Pedro Castillo y declara haber lugar (sic) a la formación de causa penal por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
De acuerdo con la resolución legislativa expedida, se desconoce el debido proceso en el presente caso “dada la flagrancia en la comisión de las conductas antes descritas” y, debido a que “resulta urgente e imperativo que el Pleno del Congreso adopte un acuerdo que permita la correcta administración de justicia”.
