Alcalde y funcionarios de San Isidro presos por urdir contrato de S/48 millones

Por presuntamente haber concertado voluntades para adjudicar un contrato por S/48 millones de soles a favor de un consorcio mediante un proceso repleto de graves irregularidades, el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, y 5 de sus principales funcionarios fueron detenidos por mandato judicial, además de un empresario involucrado. Una autoridad edil está en condición de no habida (Cecilia Loayza Pinedo, gerente de Administración y Finanzas).

La Oficina de Control de Interno del propio municipio comunicó al burgomaestre sanisidrino el hallazgo de serias deficiencias en el proceso de contratación. Pero Augusto Cáceres, en concertación con las autoridades ediles bajo su mando, validó el procedimiento y firmó el acuerdo con el Consorcio San Isidro Verde, integrado por las empresas C&E Corporation y Terra World Corporation.

Según la OCI de la municipalidad de San Isidro, dependiente de la Contraloría General de la República, el comité de selección otorgó la buena pro al Consorcio San Isidro Verde a pesar que no contaba con la suficiente experiencia, fraguó documentos para ocultar que debía millones en deudas coactivas con la Sunat, carecía de personal de planilla y no estaba provista del equipamiento que requería el servicio contratado.

Setenta y dos horas antes de la firma del contrato, encabezados por el alcalde Cáceres, los funcionarios participaron de un cónclave para habilitar al Consorcio San Isidro Verde, pese a las notorias observaciones que habían sido comunicadas por la OCI.

De acuerdo con la investigación del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo del fiscal Luis Medina Rodrigo, los que intervinieron en el encuentro fueron el alcalde Augusto Cáceres; Nancy Ninapaytán Delgado (gerente municipal), Cecilia Loayza Pinedo (gerente de Desarrollo Ambiental), Manuel Enríquez Anaya (gerente de Ética e Integridad), Mariela Hidalgo Carrera (gerente de Administración y Finanzas), Esther Baylón Salvador (subgerente de Logística) y Etni Flores Barriga (subgerente de Gestión Ambiental). Todos avalaron la contratación del consorcio cuestionado.

Justamente, Mariela Hidalgo, fue la que rubricó por el municipio el contrato con el Consorcio San Isidro Verde, el 3 de agosto de 2021.

Cada uno desde su sector fraguó acciones para beneficiar al proveedor con un contrato de 48 millones de soles para el mantenimiento de áreas verdes, por lo que la jueza Ingrid Estacio Soria aceptó el pedido del fiscal Luis Medina para detener a los 7 funcionarios ediles y al representante del consorcio, Eliab Lozano Mozombite.

El fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios no descartó la existencia del pago de un soborno por parte del consorcio para que los involucrados torcieran las normas.

“La investigada (Nancy) Ninapaytán Delgado, en su condición de gerente municipal, se habría encontrado ‘ansiosa’ para lograr materializar la firma del contrato (con el Consorcio San Isidro Ecológico), cuya buena pro se había solicitado anular. Es así que tres días antes de la suscripción del contrato, se llevó a cabo una reunión de la alta dirección, se describe en la resolución judicial.

“En dicha reunión la investigada (Nancy) Ninapaytán habría señalado que no podía caerse la suscripción del contrato con el Consorcio San Isidro Verde porque el servicio se venía contratando por órdenes de servicio. Sin embargo, dicha preocupación habría estado motivada -en realidad- por una suma de dinero que le habría entregado el investigado Félix Aznarán Infantes, en su condición de asesor ‘en la sombra’ del Consorcio San Isidro Verde, con quien además habría tenido vinculación anteriormente, así como la investigada (Cecilia) Loayza Pinedo, por cuanto todos laboraron en la Municipalidad Distrital de San Borja”.

En efecto, Félix Aznarán fue gerente municipal y Cecilia Loayza ejerció como gerente de Medio Ambiente del municipio sanborjino.

El fiscal presume que el alcalde Cáceres tuvo conocimiento de los pagos ilegales. “Bajo la misma presunta motivación espuria, es decir, por la existencia y/o entrega de una suma de por medio, el investigado Cáceres Viñas habría solicitado que se lleve a cabo la suscripción del contrato con el Consorcio San Isidro Verde”, se precisa en la resolución judicial.

Los detenidos