Activan búsqueda policial de prófugo financista de Pedro Castillo

La Policía activó la búsqueda del empresario Alejandro Sánchez, amigo y exfinancista del presidente Pedro Castillo, además dueño de inmueble del distrito limeño de Breña que utilizaba el mandatario desde la campaña electoral. Esto sucede luego de que el Poder Judicial ordenó que se aplique prisión preventiva por tres años a Sánchez en el caso denominado “Gabinete en la Sombra”, en que la Fiscalía lo investiga por delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

La División de Policía Judicial y Requisitorias, tras recibir la documentación del Poder Judicial, lo registró en el sistema de requisitoriados para su captura en el país y empezó a crear equipos para ubicarlo y apresarlo, según informó la institución policial a La República.

Asimismo, Interpol Lima, integrante de la Organización Internacional de Policía Criminal, coordina con la oficina central, ubicada en Francia, para que active la alerta roja para Sánchez, es decir, su requisitoria internacional, después de revisar los documentos enviados por las autoridades peruanas. El plazo para evaluar la documentación es de dos días a una semana.

Sánchez está prófugo desde el 11 de octubre pasado, cuando el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial ordenó que se le aplique detención preliminar de 10 días. Según algunas fuentes policiales, recibió una llamada telefónica que le habría advertido del seguimiento de la Policía y que se buscaba cumplir esa orden de detención.

La Fiscalía sindica a Sánchez de ser el financista y coordinador de una organización criminal liderada por Castillo en Palacio de Gobierno. Según los fiscales del caso, esta banda operaba para enriquecerse con el reparto de puestos públicos y favorecimiento a empresarios.

También están involucrados en el caso otros excolaboradores del Gobierno Salatiel Marrufo, Abel Cabrera, Auner Vásquez, Eder Viton Burga y Biberto Castillo, quienes sí fueron detenidos en octubre pasado.

El 19 de octubre, la Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó orden de detención preliminar de investigados en el caso, que habían apelado.

Prisión preventiva

El último miércoles 16, Sánchez recibió mandato de prisión preventiva porque el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional consideró que había peligro de que se fuga y de obstaculización a la investigación que realiza la Fiscalía.

El juez Víctor Zúñiga Urday, titular del juzgado, aceptó el pedido de la Fiscalía. Resaltó que Sánchez está prófugo y no fue hallado en sus viviendas cuando se le dio detención preliminar. Además, listó varios indicios de los cargos que se le imputan.

Se mencionó que Sánchez fue mediador del empresario minero Ulises Solís para lograr un encuentro con Castillo solo dos días después de prometerla ese cita en setiembre del 2021.

También el testimonio de la exviceministra de Vivienda Elizabeth Añaños, quien dijo que en 2021 fue llevada a un departamento en el distrito limeño de Surquillo para una reunión secreta en que estuvo Sánchez junto a otras personas cercanas a Castillo que se mostraron interesados en obras de ese sector.

Pese a estar escondido, Sánchez reapareció en la audiencia virtual, conectado por internet, para hablar en su defensa.

“Decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido delito, es natural autoprotegernos (...) estoy obligado a permanecer escondido por esta persecución”, expresó Sánchez. La Fiscalía a cargo estima que la condena judicial para Sánchez sería 19 años de cárcel.

Antes no tenía requisitoria de la Policía

El empresario Alejandro Sánchez, del entorno cercano del presidente Pedro Castillo, no tenía requisitoria pese a que recibió orden de detención preliminar el 11 de octubre pasado.

Esto habría sido por falta de esa disposición desde el Poder Judicial. Con la prisión preventiva, ya se indicó que sea incluido en el sistema de requisitoria, según fuentes de la Policía Nacional.

Sánchez no ha sido incluido aún en el Programa de Recompensas. Le corresponde a la Policía Nacional hacer el pedido a una comisión del Ministerio del Interior, que decide en votación. Hasta el momento, no se ha pensado en esa posibilidad, según las fuentes.