Admiten amparo de Harvey Colchado contra Pedro Castillo y programan audiencia para junio de 2023

El juez John Paredes Salas, del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, admitió a trámite la demanda de amparo que presentó el jefe del Equipo Especial PNP, el coronel PNP Harvey Colchado, contra el presidente Pedro Castillo, a fin de que se ordene el cese de la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Según la resolución a la que accedió La República, las procuradurías de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio del Interior tienen 10 días para responder la demanda, mientras que la audiencia única se llevará a cabo el 14 de junio del 2023.

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Colchado busca que se archive la denuncia que interpuso el jefe de Estado en su contra ante la Inspectoría PNP y se ordene a Castillo Terrones abstenerse de “intimidar” al coronel PNP con procedimientos administrativos.

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También pretende que se exhorte al Ministerio del Interior a no removerlo del cargo de jefe del Equipo Especial PNP, que apoya al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, ni de la jefatura de la División de Búsqueda de la Digimin.

Intimidación y obstrucción

Harvey Colchado, en su demanda, denuncia haber sido objeto de intimidaciones por parte del mandatario Pedro Castillo debido a su condición de jefe del Equipo Especial PNP, encargado de llevar a cabo las diligencias en las seis investigaciones fiscales que se le siguen al presidente y su entorno.

Las presuntas intimidaciones que menciona Colchado son la denuncia ante la Inspectoría PNP por la diligencia de captura de Yenifer Paredes, cuñada del mandatario, en Palacio de Gobierno, y la remoción de los altos mandos de la Policía.

Asimismo, el coronel PNP alerta de una supuesta obstrucción en su labor de jefe de la División de Búsqueda de la Digimin al no haberse destinado los recursos necesarios para su despacho.

Por ello, Harvey Colchado afirma que se estarían vulnerando sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad, al ejercicio pleno de la función pública, al debido procedimiento administrativo por la afectación de la garantía de la imparcialidad, el principio de proporcionalidad, equilibrio de poderes, colaboración entre poderes y buena administración.