Juan Fernández Jerí controlará el buen desempeño de los fiscales
Autoridad. La Junta Nacional de Justicia decidió no escuchar las voces que le piden reconsiderar su elección en la autoridad.
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Abogado. Exfiscal. Excolaborador de un fiscal de la Nación vinculado al partido aprista. Exinvestigado: lo acusaron de solicitar un pago para arreglar un proceso judicial. Antecedentes complicados. En otras épocas, Juan Fernández Jerí no habría podido ocupar un alto cargo en la administración de justicia.
Contra la marea, el 13 de abril, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió darle la confianza para asumir como el primer jefe de la Autoridad Nacional de Control disciplinario de los fiscales y del personal de apoyo del Ministerio Público. Pero, por esos antecedentes, recién ayer, después de cinco meses, pudo jurar.
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Este tiempo no ha silenciado las críticas. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo siguen pidiendo a la JNJ que reevalúe su designación. La Junta ha decidido hacer oídos sordos a cualquier reclamo, al no haberse realizado el día oportuno.
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Lo mismo que han hecho respecto de las críticas contra la elección de Patricia Benavides como fiscal suprema y las denuncias por los cambios realizados al asumir como fiscal de la Nación.
Así, a partir de hoy, Fernández empezará a implementar la institución que, tras las reformas generadas por la crisis del caso Cuellos Blancos del Puerto, reemplaza al área disciplinaria de la Fiscalía Suprema de Control Interno.
En ese cargo, Fernández tendrá casi tanto poder como la fiscal de la Nación. No se espera que tenga un choque con ella. Al contrario, es posible que refuerce la justificación que empleó Benavides para hacer los cambios: hay que poner orden.
Además, ambos han trabajado juntos. Fernández y Benavides formaron parte del equipo de trabajo jurisdiccional del ex fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales.
En este sentido, muchos fiscales temen que cualquier voz crítica al interior del Ministerio Público sea silenciada con un proceso disciplinario y un rápido pedido de destitución. Dependerá de Fernández demostrar que sus detractores están equivocados.
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