Omar Candia: Fiscalía pide 9 años de cárcel para alcalde de Arequipa por caso de cámaras
De acuerdo al Ministerio Público, no se tuvo en cuenta los daños a la Municipalidad de Alto Selva Alegre ni a la población del distrito frente a la compra inservible de los equipos malogrados.
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Arequipa. La fiscal superior Katherine Salazar-Calderón sustentó la apelación a la sentencia contra Omar Candia. Esta vez, el Ministerio Público solicita la revocatoria de la pena de seis años y pide que esta sea de nueve años de condena efectiva. El caso por el que la autoridad edil podría ser sentenciado es el de las cámaras de seguridad mientras se desempeñó como alcalde del distrito de Alto Selva Alegre.
Este lunes 25 de julio, continuó la audiencia de apelación de sentencia contra Omar Candia, por el delito de colusión agravada. El fiscal superior Carlos Herrera terminó de sustentar los agravios en contra del imputado.
En términos generales, la acusación partió de que Candia tenía pleno conocimiento y voluntad para crear un escenario funcional dentro de la gestión administrativa municipal de Alto Selva Alegre, con la intención de desviar responsabilidades y poder, de forma directa o indirecta, y permitir la contratación irregular de una empresa.
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Asimismo, sostuvo que intencionalmente omitió la declaratoria de nulidad del contrato y no observó el pago total del mencionado convenio, así como la ilegalidad del mismo. Todo esto, señala el fiscal, a raíz de que delegó funciones para deslindarse de sus obligaciones, acción por la cual se generó perjuicio al Estado.
La defensa de Candia refirió que el burgomaestre no tenía participación funcional durante las fases de contratación, menos un deber o vinculación específica, pues se basa en deberes genéricos, no en conductas peculiares.
Herrera aclaró que Candia sí tenía un vínculo funcional, como se cita en la acusación desde un inicio. La Fiscalía manifiesta que ideó todo empezando por la delegación de facultades.
Mencionó que la sentencia inicial no adolece de ningún criterio no fundamentado para su decisión.
Finalmente, en la intervención de la fiscal superior Katherine Salazar-Calderón, ella precisó que el Ministerio Público considera que el juez no tomó en cuenta en su sentencia los daños a la Municipalidad de Alto Selva Alegre ni a la población del distrito, frente a la compra inservible de los equipos malogrados y que generaron una tremenda deuda. Así como el favorecimiento del contrato a un solo postor.
Además, afirma que se generó un perjuicio de más de 2 millones y que, debido a su profesión de abogado y su experiencia en informática, Candia tuvo la facilidad de cometer el ilícito. Sobre este último punto, la defensa de Candia dijo que son acusaciones que no vienen al caso y que el pedido de más años de pena carece de fundamento jurídico.
Con ello la audiencia se suspendió. Continuará el 1 de agosto a las 2:30 p. m. en donde se abordarán las apelaciones que vinculan al señor Juan Lipe Lizárraga.
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