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Política

Pedro Chávarry será investigado por 8 meses por intervenir en oficina de su exasesor

Corte Suprema formalizó investigación contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por participar en el “deslacrado” de una oficina en 2019 y obstaculizar el caso de Keiko Fujimori.

En la mira. Pedro Chávarry también es investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: difusión
En la mira. Pedro Chávarry también es investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: difusión

El último 20 de junio, la Corte Suprema de Justicia decidió formalizar por ocho meses la investigación que inició Pablo Sánchez Velarde contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos. El proceso contra Chávarry será en específico por tres delitos: encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto.

Según una resolución a la que tuvo acceso La República, el juez supremo Juan Checkley Soria aprobó la continuación del caso tras la aprobación de la denuncia constitucional en el Congreso a inicios de junio último.

En aquella oportunidad se acordó en el Pleno con 53 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones el proceso contra Chávarry, pero se negó la chance de inhabilitarlo por 10 años de ejercer la función pública por los mismos delitos. Se le imputan a Chávarry los siguientes hechos:

HechosElementos y pruebasDelitos
a) El apoyo del partido político Fuerza Popular y de la investigada Keiko Sofia Fujimori Higuchi, al denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, para asumir y permanecer en el cargo de fiscal de la Nación (20 de julio de 2018 al 09 de enero de 2019).Por este cargo figuran los chats de “La Botika” así como los constantes blindajes a Chávarry desde el fujimorismo para evitar investigarlo por “Los Cuellos Blancos del Puerto”.Encubrimiento personal
b) Actos de intromisión y obstaculización en la labor de investigación llevada a cabo por el “Equipo Especial” contra Keiko Sofia Fujimori Higuchi, partido político Fuerza Popular y otros {Carpeta Nº 55-2017), por parte del denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, en su condición de Fiscal de la Nación.En este apartado figuran los pedidos de información reservada de Chávarry al equipo especial sobre el acuerdo de colaboración eficaz que suscribió la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc con Odebrecht, el cese injustificado de la fiscal adjunta Erika Delgado, la separación de los fiscales Rafale Vela y Domingo Pérez el 31 de diciembre del 2018, entre otros.Encubrimiento real
c) La participación del denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos en el acto de “deslacrado” de la oficina de su entonces asesor Juan Manuel Castro Duarte.El registro de cámaras del acceso ilegal a la oficina lacrada del asesor Juan Duarte Castro, los movimientos de la asesora Rosa Venegas y Pedro Chávarry.Atentado contra la conservación e identidad del objeto

Según la Fiscalía, por el delito de atentado contra la conservación e identidad del objeto “existen elementos de convicción suficientes que determinan que la asesora del denunciado cuando ejercía el cargo de Fiscal de la Nación, es quien habría efectuado el deslacrado, Rosa María Venegas Mello, pero quien promovió, determinó e instigó para que se efectúe dicho deslacrado fue el denunciado [Pedro Chávarry] en su condición de perjudicado por la medida de allanamiento y lacrado de la oficina de su asesor”.

Asimismo, por el delito de encubrimiento real se consignó en la resolución judicial que Chávarry “ha dificultado la acción de la justicia procurando la desaparición de huellas o prueba del delito, aunado a ello el investigado mantenía un acuerdo de protección política por parte del partido Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori por medio del Congreso de la República a cambio de la obstrucción e interferencia que haría el denunciado en las investigaciones contra la antes citada el Equipo Especial”.

Cabe precisar que Chávarry fue destituido en 2021 por la Junta Nacional de Justicia por hechos similares y que, en setiembre del año pasado, la Corte Suprema lo condenó por encubrimiento real a 4 años de prisión suspendida.

Ello tras constatarse que el exfiscal de la Nación buscó entorpecer las investigaciones que realizaba el Equipo Especial Lava Jato para favorecer intereses del partido Fuerza Popular y Keiko Fujimori.