Dina Boluarte promulgó la ley que restituye el financiamiento privado a los partidos políticos
Esta ley, además, permite que los abogados de los partidos sean pagados con recursos públicos. El Gobierno, otra vez como mesa de partes, dio luz verde a una contrarreforma del Congreso.
La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que restituye el financiamiento privado de partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean pagados con recursos públicos. Se trata de una contrarreforma que impulsó este Congreso y que el Gobierno le da luz verde, sin presentar ninguna observación.
La norma promulgada también señala que los aportes no declarados que sobrepasen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino que serán considerados como infracciones con responsabilidad administrativa.
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Cada persona natural o jurídica podrá aportar a un partido político hasta 200 UIT por año. En caso sea a más, el tope será de 500 UIT.
La ley dice también que las agrupaciones políticas no pueden recibir aportes de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, salvo que, en caso de estas últimas, el dinero sea destinado para la formación, capacitación e investigación del partido.
Defensa de partidos políticos será pagada con recursos públicos
El punto más controversial tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas.
Como se sabe, el Estado financia a los partidos políticos que logran representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación.
La ley señala que ese financiamiento público de hasta el 50% para gastos ordinarios, también pueda ser utilizado para el pago de "servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política como a sus directivos, representantes y voceros".
En caso algunos de los patrocinados sean sentenciados, deberán devolver el dinero.
El financiamiento público directo será usado también para solventar la defensa legal de los partidos políticos.
Fujimorismo como promotor de la contrarreforma
Esta ley fue impulsada desde la Comisión de Constitución, que preside el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso.
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