Diferencias en el gabinete por el Acuerdo de Escazú

El 11 de julio de este año, la Comisión de Relaciones Exteriores —entonces presidida por Ernesto Bustamente (Fuerza Popular)— mandó al archivo por mayoría la resolución legislativa 239 que aprobaba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.

La posición del Gobierno de Pedro Castillo, al menos en un inicio, parecía ser favorable a la ratificación del acuerdo; pero la llegada de un canciller como Miguel Ángel Rodríguez Mackay supone un cambio en el discurso, al menos desde la Cancillería. De hecho, en una entrevista del 13 de agosto dijo que el tratado debe permanecer archivado porque “no corresponde a los intereses del país”.

Sin embargo, en declaraciones concedidas el lunes al portal Epicentro, el ministro de Justicia, Félix Chero, afirmó que la posición de Rodríguez Mackay era de carácter personal y no necesariamente implicaban la posición oficial del Ejecutivo. Es más, añadió que cabía la posibilidad de volver a presentar un proyecto para la ratificación.

Esta contradicción motivó que, de nuevo, Rodríguez Mackay salga a los medios —esta vez en RPP— a insistir en su posición: para él, el Acuerdo de Escazú representa “un impacto a nivel de la soberanía” peruana. “La Corte Internacional de Justicia puede tomar una decisión que será vinculante y obligatoria para todos los peruanos, campesinos y ambientalistas. Ahí está el impacto a nivel de soberanía”, indicó.

Y en clara alusión a lo dicho por su colega de gabinete, dijo que, en su calidad de ministro, sus declaraciones representan al Estado.

Luego de su archivamiento en la Comisión de Relaciones Exteriores, el Consejo de Ministros todavía no ha adoptado una posición sobre qué hacer con el Acuerdo de Escazú, según pudo conocer este diario.

Las posturas encontradas, precisamente, responden a que no hay todavía un consenso en el equipo ministerial.

Para el ministro Chero, el tratado no supone un problema de soberanía. Desde su óptica, todo lo que tenga que ver con resguardar derechos humanos va más allá de las fronteras nacionales. Esta mirada la ratificó en sus declaraciones a Epicentro.

En octubre del 2020 se archivó, por primera vez, el documento que proponía la ratificación del Acuerdo de Escazú, considerado un instrumento para evitar amenazas y asesinatos de defensores ambientales.

Claves

Espera. Perú y otros países de América Latina suscribieron el Acuerdo de Escazú l 2018. Pero para formalizar la adhesión, cada país debe ratificar el acuerdo a través de su respectivo Poder Legislativo.

Pasos. El tratado entró en vigor en abril del 2021. Este año ya se celebró en Chile, además, la primera Conferencia de las Partes (COP).