Dina Boluarte: acusación constitucional avanza y CIDH aún no se pronuncia

El último viernes 22 de julio, la vicepresidenta Dina Boluarte se mostró dispuesta a asumir el Ejecutivo ante una eventual vacancia o inhabilitación del presidente Pedro Castillo. “Nos han elegido para ser autoridades de Gobierno por cinco años y eso en democracia se respeta”, declaró a la prensa extranjera. No obstante, las pretensiones de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social podrían no concretarse.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó el último miércoles 20 la denuncia constitucional contra Boluarte. Ese es el paso previo a la audiencia donde la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social brindará sus descargos por presuntamente realizar gestiones para el Club Departamental Apurímac mientras ejercía un cargo público.

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En paralelo, Boluarte Zegarra espera el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la denuncia que interpuso contra el Estado peruano (Congreso) y el pedido de medida cautelar para que el organismo supranacional ordene al Parlamento suspender el proceso de la acusación constitucional por supuesta vulneración del debido proceso.

La Comisión Interamericana ya admitió la demanda, por lo que ha requerido al Congreso, la Contraloría —que detectó el presunto conflicto de intereses— y al Ministerio de Justicia y Justicia de Derechos Humanos —encargado de la defensa supranacional del Estado— información sobre el caso de la vicepresidenta.

“Está en la fase que se llama de estudio. (...) Esperemos que dicten una resolución en el más breve plazo posible”, dijo Alberto Otárola, abogado de la vicepresidenta, a La República.

Estándares internacionales

Otárola, en la demanda presentada ante la CIDH, advierte que el objetivo de los congresistas de la oposición es “culminar con el procedimiento de la denuncia constitucional, sin importar los descargos de orden jurídico o posición de la persona afectada”.

Para reforzar su argumento, informa periódicamente a la CIDH sobre las declaraciones de los parlamentarios en las que adelantan su voto a favor de inhabilitar por 10 años a Boluarte sin siquiera haberse llevado a cabo la audiencia o elaborado el informe final de la denuncia.

“Por eso decimos que este procedimiento no se adecua a los estándares internacionales. Concretamente, el señor (Jorge) Montoya vulnera todos los días el derecho de la presunción de inocencia, la supuesta independencia para votar en este caso de la señora Boluarte”, indicó el letrado.

Alberto Otárola se refiere a la más reciente declaración del vocero de Renovación Popular, en la que revela que promoverá la vacancia de Pedro Castillo luego de que se resuelva el caso de la vicepresidenta. De concretarse dicho panorama, asumiría el Gobierno el titular del Congreso.

“Denota lo que yo sin tapujos en el escrito de la cautelar he denominado el golpe parlamentario o intento de golpe de Estado parlamentario. Todo lo que estos señores declaran es de conocimiento inmediato a la Comisión Interamericana”, apuntó Otárola.

Carta Democrática

La defensa legal de Dina Boluarte alega en su escrito que la Contraloría “ha activado ilegalmente el mecanismo de la infracción constitucional” y que dicha entidad derivó al Congreso el informe completo, mientras que a su cliente solo un anexo de tres hojas.

Según la defensa, el informe de la Contraloría vulnera el principio de legalidad, ya que, afirman, no habría infracción constitucional porque los clubes departamentales son catalogados como asociaciones sin fines de lucros.

Consideran que, desde ese momento, todo el proceso estaría viciado y que el mecanismo de acusación constitucional es una herramienta que hacen uso “las fuerzas políticas en el Congreso para deshacerse de manera rápida de los altos funcionarios del Estado”.

“La parte principal (del proceso) va a ser un aporte para la institucionalidad del país porque lo que estamos pidiendo es una revisión a todo este procedimiento parlamentario. Tengo confianza en que la Comisión va a entender este proceso y también podría aplicar la Carta Democrática Interamericana que garantiza la estabilidad política y prohíbe los golpes de Estado parlamentarios o cualquier intento de enervar la decisión del pueblo en las urnas”, expresó Otárola.