Dina Boluarte: Comisión Permanente admite denuncias por caso Rolexgate y muertes en las protestas
Con esta decisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe elegir a los congresistas delegados que elaboren los informes finales sobre estas dos denuncias constitucionales contra la mandataria. El fujimorismo y la derecha se opusieron a investigarla por homicidio y lesiones graves.
El último jueves 5 de diciembre, la Comisión Permanente del Congreso aceptó para su consideración dos denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte, relacionadas con las muertes ocurridas durante la represión de las protestas durante su mandato y el caso Rolexgate.
En la denuncia constitucional 509, interpuesta por la Fiscalía de la Nación contra Boluarte por presunto homicidio y lesiones leves y graves debido a la represión a las protestas contra su régimen entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, votaron a favor 13 congresistas y 11 en contra.
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En su mayoría, se opusieron los congresistas de Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP) y Renovación Popular.
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Mientras que con la denuncia constitucional 492, también presentada por la Fiscalía de la Nación, referida a presuntos delitos contra la administración pública en el marco del caso Rolexgate. Como se sabe, la mandataria es investigada por los relojes y joyas que usó y que no declaró. En este caso, votaron a favor 22 parlamentarios.
El trámite de estas denuncias constitucionales contra Boluarte
Con esta decisión, la Comisión Permanente le otorga 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para presentar los informes finales de estas dos denuncias constitucionales para acusar a la mandataria Dina Boluarte.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es presidida por la congresista de APP, María Acuña, quien votó a favor de dar trámite a estas denuncias constitucionales. Acuña deberá elegir a los legisladores delegados que serán los responsables de elaborar los informes finales para acusar a Boluarte.
El problema es que no es usual en el Congreso que este proceso cumpla los 15 días hábiles. Luego que la Subcomisión designe a sus delegados, viene la etapa de audiencia. La presidenta deberá asistir al Parlamento o enviar a su abogado a responder por estas denuncias constitucionales.
Después será el delegado quien concluya sobre qué presuntos delitos puede ser acusada la mandataria y someterá a debate su informe final en la Subcomisión.
Ese proceso suele demorar más tiempo y la legislatura termina el 15 de diciembre, pero en enero y febrero la Comisión Permanente continuará sus funciones con normalidad.
Por la votación de ambas denuncias, las bancadas evidencian que hay más consenso para acusar a Boluarte por el caso Rolexgate y no por las muertes en las protestas.
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Moción de vacancia presidencial
La mandataria Boluarte también está en la mira de un sector del Congreso por su ausencia a mediados del año pasado por haberse sometido a una cirugía en la nariz.
La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, viene recolectando firmas para una moción de vacancia presidencial. Por ahora, como contó a La República, tiene 14 firmas. Le faltan 12 para poder presentar la moción.
El Congreso investiga, a través de la Comisión de Fiscalización, el nexo del vehículo presidencial, conocido como el "cofre", y el líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Dicha comisión también ha pedido facultades para investigar el presunto abandono del cargo de la mandataria por su ausencia el año pasado tras haberse sometido a una cirugía.
Fiscalía pidió trámitar 16 denuncias, una es contra Boluarte
El Ministerio Público solicitó el miércoles al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que tramite 16 denuncias constitucionales que presentó conra altos funcionarios, entre ellos Boluarte, quien es sindicada de presunto homicidio calificado y lesiones graves por las muertes en las protestas.
Esa denuncia constitucional, como fue admitida por la Comisión Permanente, está a la espera de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delege a un congresista le elaboración del informe final para acusar a la mandataria.
