Congreso aprovecha el caos para debilitar el sistema judicial
Sin tregua. El Congreso aguarda la promulgación de la ley que delega a la PNP la investigación preliminar de delitos e insistirá con modificar el Nuevo Código Procesal Constitucional. Propone como solución un dictamen sobre terrorismo urbano, pero se rehúsa a derogar la ley 32108.
La crisis que afronta el país por el incremento de la criminalidad no ha detenido la agenda del Congreso en aprobar contrarreformas que debiliten el sistema judicial. El fujimorismo y sus bancadas aliadas aguardan la promulgación de la ley que encomienda a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de investigaciones preliminares de delitos y que esta semana sea discutida en el Pleno la contrarreforma que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional.
Restar facultades al Ministerio Público
El jueves 26 de setiembre, mientras los transportistas realizaron un paro exigiendo mayor seguridad y marcharon rumbo al Congreso, la primera vicepresidenta de esta institución, Patricia Juárez (Fuerza Popular), firmó y envió la autógrafa de la ley que le recorta al Ministerio Público (MP) la facultad de liderar las indagaciones preliminares y se las encomienda a la PNP.
"Aquí hay intereses ocultos. La PNP no está capacitada y no tiene los recursos necesarios. Sería llevar demasiados casos y la PNP no se dará abasto. La investigación preliminar necesita de un fiscal que califica un hecho. Son temas jurídicos que el policía por su formación no conoce. Otorgarle esa prerrogativa afectaría a la investigación, a las personas y habría arbitrariedades. La PNP responde al Ministerio del Interior y este es parte del Poder Ejecutivo. Si la PNP quiere investigar un hecho de corrupción de alto perfil, no tendrá autonomía", explicó el abogado penalista Diego Rojas.
Cuando fue aprobada, el ministro del Interior, Juan Santiváñez, se mostró de acuerdo con esta ley. La mandataria Dina Boluarte tiene 15 días para promulagarla u observarla.
Ley de terrorismo urbano y ley 32108
Mientras se decida, la turbulencia continúa. En el Congreso, el fujimorismo y sus bancadas aliadas de derecha consideran que la solución al problema de la inseguridad es la aprobación de una ley sobre terrorismo urbano.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), anunció que este jueves habrá una sesión del Pleno para aprobar esa norma.Sin embargo, no informa todavía cuándo se debatirá la modificación de la ley 32108, que modificó la definición del delito crimen organizado y establece que los registros de los fiscales durante allanamientos deben realizarse con presencia del abogado del investigado.
El viernes, diversos gremios empresariales, entre ellos la Confiep y la Cámara de Comercio de Lima, demandaron al Congreso derogarla. El Colegio de Abogados de Lima (CAL) considera que esa norma generó un entorno favorable para la delincuencia.
La congresista del Bloque Popular Democrático, Ruth Luque, presentó un proyecto para modificarla, pero no tiene los votos suficientes que la respalden.
En la coalición de agrupaciones políticas que domina el Congreso consideran que esta ley no es la causante de este problema.
Congreso autoritario
La delicada situación que atraviesa el país tampoco ha hecho retroceder las pretensiones del fujimorismo y sus ataques contra el sistema judicial.
Un día antes del paro de transportistas, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, tuiteó que esta semana debe debatirse en el Pleno el dictamen que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional. El proyecto reduce los votos a cuatro para resolver demandas competenciales en el Tribunal Constitucional (TC) y empodera las ascusaciones constitucionales del Congreso.
La iniciativa tendrá impacto en el proceso competencial a resolverse por la permanencia de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución encargada de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales.
Con esta propuesta los jueces estarán obligados a rechazar el trámite de demandas de amparo presentadas por los altos funcionarios que consideren que vulneraron sus derechos con las denuncias constitucionales aprobadas en el Congreso.
Pese al caos el sistema judicial sigue bajo ataque.
