Congreso: Alejandro Soto puso en agenda del pleno proyecto de ley en su beneficio
A pedir de boca. El 24 de marzo de este año, como vocero de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto pidió ampliación de la agenda para que se debata la iniciativa de su conveniencia. El 11 de mayo se aprobó y el 21 de julio juez aplicó la “ley Soto” para librarlo de la acusación fiscal de estafa y falsedad.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, participó activamente en la aprobación del proyecto de ley que le permitió acogerse a la prescripción de una denuncia fiscal por estafa y falsedad genérica.
La República revisó las actas parlamentarias que registran el curso de la iniciativa legislativa que interesaba a Alejandro Soto, y pudo comprobar que el congresista aprovechó su posición de vocero de su partido Alianza para el Progreso (APP), ante la Junta de Portavoces, para poner en debate la norma que luego usaría para librarse de los 8 años y 8 meses en su contra que había pedido la fiscalía.
En efecto, según el acta de la Junta de Portavoces del 24 de marzo, Alejandro Soto firmó el acuerdo para incluir en la Orden del Día la discusión del dictamen de proyecto de ley para modificar el Código Penal y el Código Procesal, respecto a la suspensión del plazo de la prescripción penal, lo que encajaba perfectamente en el caso de Soto.
Era una verdadera carrera con el tiempo. Si Alejandro Soto no lograba la aprobación del proyecto de ley, estaba expuesto a recibir la sentencia de 8 años y 8 meses que requirió la fiscalía por los delitos de estafa y falsedad genérica.
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Carrera contra el tiempo
El juez del caso, Carlos Román Gil, programa la audiencia contra el congresista Soto, el 12 de abril de este año, pero la reprogramó para el 21 de julio, al comprobarse que su cónyuge estaba actuando como defensora de oficio de uno de los implicados.
Alejandro Soto necesitaba que se aprobara el dictamen sobre el proyecto de ley antes del 21 de julio si quería sortear las condena... ¡Y así fue!
Eso se puede comprobar cronológicamente. En todas las votaciones intervino Alejandro Soto Reyes, quien debió abstenerse porque la norma lo iba a favorecer directamente.
La “ley Soto” logró su promulgación a una increíble velocidad. Como si se tratara de una norma de extraordinaria importancia para el país. En menos de medio año entró en vigencia.
Cronograma perfecto.
Así fue el procedimiento:
- El 13 de enero de 2023 presentó el proyecto de ley el congresista de Perú Libre.
- El 17 de enero la iniciativa legislativa pasó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
- El 13 de marzo de 2023, la Comisión de Justicia aprobó por mayoría el dictamen de la “ley Soto”. A favor votaron: Américo Gonza Castillo, José Balcazar Zelada, Alex Paredes Gonzales, María Alva Prieto, Waldemar Cerrón Rojas, Betssy Chávez Chino, Flavio Cruz Mamani, Campos Guerra García, Carmen Juárez Gallegos, Martha Moyano Delgado y Wilson Soto Palacios. En contra: Gladyz Echaiz, Ruth Luque Ibarra. Eduardo Salhuana Cavides votó en abstención.
- El 24 de marzo, con la firma del mismo Alejandro Soto Reyes, la Junta de Portavoces acordó ampliar la agenda para incorporar en la Orden del Día al proyecto de la “ley Soto”.
- El 13 de abril, en primera votación, se aprobó la “ley Soto”, con el voto del mismo congresista Alejandro Soto Reyes. Sin embargo, la congresista Ruth Luque planteó una reconsideración de la votación.
A sola firma
- El 11 de mayo, la mayoría, con el voto de Soto, se opuso a la reconsideración planteada por Luque. El mismo día se hizo una segunda votación, aprobándose la “ley Soto” con el voto del mismo congresista Alejandro Soto Reyes que se beneficiaba con la norma.
- El 19 de mayo, rápidamente la fujimorista vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, remitió la “ley Soto” a la presidente Dina Boluarte para la respectiva autógrafa.
- El 24 de mayo, la jefa de Estado suscribió la “ley Soto”.
- El 25 de mayo, el diario oficial El Peruano publicó la norma.
- El 21 de julio, el juez Carlos Román Gil aplicó la “ley Soto” a favor de Alejandro Soto Reyes, librándolo de la acusación fiscal por estafa y falsedad genérica y del requerimiento de prisión de 8 años y 8 meses.
El origen. El 13 de enero de este año, el congresista Flavio Cruz de PL presentó el proyecto de ley. Foto: Antonio Melgarejo/La República
La República nuevamente insistió en solicitar una entrevista con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para que explique por qué intervino en el proceso de aprobación de un proyecto de ley muy pocos días antes de que se ventilara un juicio en su contra. Una norma que, en efecto, sería aplicada para su caso, evitando que la justicia actuara y sancionara, conforme planteó la fiscalía. Pero Soto volvió a decir que estaba muy ocupado con sus labores como presidente del Congreso.
Como informó La República, la fiscal Ethel Marquina consideró que los hechos imputados a Alejandro Soto Reyes estaban comprobados, por lo que pidió 8 años y 8 meses de prisión.
La empresa Transportes Turísticos Waynapicchu denunció penalmente a quien fuera su asesor legal, Alejandro Soto, por dos casos: por haber cobrado S/20.000 por un trabajo que no hizo, y lo más grave, por haber promovido que la compañía compre un terreno por US$250.000, ocultando que era el dueño y por el que había pagado US$5.000.
“Respecto al primer hecho (caso del estatuto), este Ministerio acusa a Alejandro Soto Reyes, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad estafa, subtipo estafa genérica (...), del cual el acusado es autor del delito consumado”, señala la fiscal Ethel Marquina en la acusación, documento al que tuvo acceso La República.
“Respecto al hecho de la compra de terreno, este Ministerio acusa a (...) Alejandro Reyes Soto (...) por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, subtipo estafa genérica, como coautor del delito consumado”, precisa la fiscal.
En ambos casos la empresa Transportes Turísticos Waynapicchu fue la agraviada. Según los denunciantes, Alejandro Soto Reyes abusó de la confianza de los propietarios de la compañía, donde laboraba como asesor legal. Ahora que Alejandro Soto ha sido elegido presidente del Congreso, temen perderlo todo.
Alejandro Soto votó por Alejandro Soto
● El 13 de enero de 2023 el congresista Flavio Cruz Mamami de Perú Libre, presentó el proyecto de ley.
● El 17 de enero la iniciativa legislativa pasó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
● El 13 de marzo de 2023, la Comisión de Justicia aprobó por mayoría el dictamen de la “ley Soto”. A favor votaron: Américo Gonza Castillo, José Balcazar Zelada, Alex Paredes Gonzales, María Alva Prieto, Waldemar Cerrón Rojas, Betssy Chávez Chino, Flavio Cruz Mamani, Campos Guerra García, Carmen Juárez Gallegos, Martha Moyano Delgado y Wilson Soto Palacios. En contra: Gladys Echaíz, Ruth Luque Ibarra. Eduardo Salhuana Cavides votó en abstención.
● El 24 de marzo, con la firma del mismo Alejandro Soto Reyes, la Junta de Portavoces acordó ampliar la agenda para incorporar en la Orden del Día al proyecto de la “ley Soto”.
● El 13 de abril, en primera votación, se aprobó la “ley Soto”, con el voto del mismo congresista Alejandro Soto Reyes. Sin embargo, la congresista Ruth Luque planteó una reconsideración de la votación.
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Texto sustitutivo
13 de abril de 2023 | Hora 7:47 p.m.
Soto Reyes vota “no”
● El 11 de mayo, la mayoría, con el voto de Soto, se opuso a la reconsideración planteada por Luque. El mismo día, se hizo una segunda votación, aprobándose la “ley Soto” con el voto del mismo congresista Alejandro Soto Reyes que se beneficiaba con la norma.
Reconsideración de la votación
11 de mayo de 2023 | Hora 7:14 p.m.
Soto Reyes vota “no”
Registro documental que demuestra que el presidente del Congreso intervino en todo el proceso de gestación y aprobación del proyecto de ley que luego lo beneficiaría ante el Poder Judicial.
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Segunda votación
11 de mayo de 2023 | Hora 7:17 p.m.
Soto Reyes vota “sí”
Reacciones
Ruth Luque, congresista
“Estuve en contra de esta ley porque abría una ventana a la generación de la impunidad. Por eso presenté una reconsideración de la votación. Esa ley es un incentivo para que varios casos prescriban. El caso del congresista Alejandro Soto Reyes es un ejemplo. Cuando salió esta ley, muchísima gente empezó a presentar su solicitud de prescripción”.
Gladys Echaíz, congresista
“Esta ley beneficia a aquellos procesados que no permiten su enjuiciamiento haciendo uso de la sustracción de la persecución de la justicia por diferentes medios. Por esa razón dije en su momento que no era conveniente, considerando y conociendo que todos los procedimientos administrativos como políticos toman tiempo y se demoran por distintas razones”.
