Daniel Soria advierte que PL sobre condicionantes a extinción de dominio tendría "impacto negativo"
Procurador general mandó un informe con los perjuicios "en la defensa jurídica del Estado" que tendría la aplicación de la iniciativa fujimorista.
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Aviso. El Proyecto de Ley N.º 3577/2022-CR, presentado por Fuerza Popular, pretende reducir los alcances de la extinción de dominio de bienes en caso de apropiación ilícita. El Poder Judicial la define como una consecuencia jurídica en la que el Estado pasa a ser el titular de los inmuebles, sentencia mediante. La idea de Patricia Juárez, Rosangella Barbarán, Juan Carlos Lizarzaburu y compañía es modificar el Decreto Legislativo 1373, dispuesto en 2018. Quieren agregar tres considerandos a la aplicación de la medida: solo se podría intervenir cuando exista una culpabilidad penal y en los casos de organización criminal. Si el indagado murió, se anula el dominio de bienes.
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Sobre el primer supuesto, el PL refiere: "Si bien la figura de la extinción de dominio es un proceso independiente y autónomo del proceso penal, es importante que como figura contra el crimen organizado cumpla con la naturaleza de responsabilidad penal, la cual se basa en requerir la figura de la culpabilidad dentro de la acción".
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Respecto al segundo caso, se lee: "La persona que ejecuta la acción que da lugar al inicio al proceso de extinción de dominio (sic) debe pertenecer a una organización criminal y mediante su accionar delictivo debe generar ganancias pecuniarias, generando pérdidas a los ciudadanos y al Estado peruano".
En respuesta, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, envió un oficio al Congreso comentando el PL."Va a significar un retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción, el lavado de activos, la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas que sin ser delito generan patrimonios obtenidos fuera de los límites de la ley", escribió.
También "va a significar un retroceso en los logros que viene alcanzando el Subsistema de Extinción de Dominio en la lucha contra la criminalidad organizada". Si se aprueba, "se dejaría sin presupuesto al Ministerio Público para cumplir los objetivos trazados en la recuperación del patrimonio ilícito".
