Fiscalización: Martín Vizcarra pide nulidad de acuerdo que aprueba solicitar su ubicación y captura a un juez
Expresidente pidió que se retroceda en la decisión y argumentó que invitaciones se agendaron mientras su abogado se encontraba en el extranjero. Ventura interpretó su ausencia como una “obstaculización a las investigaciones”.
El expresidente Martín Vizcarra pidió la nulidad de la medida adoptada por la Comisión de Fiscalización este miércoles, en la que se aprobó por unanimidad solicitar a un juez especializado en lo penal disponer su ubicación y captura al haber sido invitado a declarar hasta en cinco oportunidades al Congreso.
Este pedido ha sido presentado ante el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, mediante un documento en el que el exmandatario aduce que en cuatro de las cinco reprogramaciones que le hicieron llegar no tomaron en cuenta la ausencia de su defensa y la suya.
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En el caso de su defensa, Vizcarra Conejo alegó que su abogado se encontraba en el extranjero hasta el 14 de noviembre, y aun así la comisión programó las tres primeras citaciones para los días 4, 9, y 11 de noviembre. En su caso, la quinta citación fue programada para este miércoles 23 pese a que el ex jefe de Estado notificó que se encontraba de viaje del 21 al 25 de este mes.
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Además, Martín Vizcarra aseveró que sí acudió en la cuarta fecha de reprogramación junto con su abogado, el 18 de noviembre, pero se retiró de dicha sesión debido a la existencia de un cruce de horarios en el que se priorizó la atención virtual a una exministra a la suya, lo que generó que se retire de la sesión a las 10.00 a. m.
“Debido a la vulneración al debido proceso y el peligro inminente a mi libertad, solicito se declare fundada la nulidad deducida y en consecuencia se deje sin efecto el acuerdo de la comisión”, expresa Vizcarra Cornejo en el documento como conclusión tras haber presentado sus alegatos.
Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Fiscalización, el fujimorista Héctor Ventura, estas acciones corresponden directamente a un intento de obstaculización a las investigaciones realizadas por el equipo de trabajo respecto a las presuntas compras irregulares realizadas durante el periodo de emergencia en los primeros años de la pandemia por la COVID-19.
