Alberto Beingolea: juicio oral por presunta colusión agravada contra ministro de Cultura inició este 4 de noviembre
La Fiscalía solicitó 10 años de prisión para el titular de Cultura por una contratación con el Gobierno Regional del Callao en 2019. El proceso también comprende a tres exfuncionarios de la entidad.
La República en GoogleEl juicio oral contra el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, por presunta colusión agravada por una contratación con el Gobierno Regional del Callao empezó este 4 de noviembre. La audiencia estuvo a cargo del Primer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La Fiscalía solicitó 10 años de prisión efectiva para Beingolea y los exgerentes regionales Omar Romero Aquino y Carlos Palacios Meza. Para José Izquierdo Rodríguez, exencargado de Adquisiciones de Bienes y Servicios, pidió nueve años de cárcel.
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Según la investigación, Beingolea fue contratado entre febrero y marzo de 2019 para brindar asesoría legal a la Gerencia General Regional. La acusación sostuvo que recibió pagos por ese servicio, pese a que no habría realizado el trabajo. El caso correspondió al expediente 1462-2021-93.
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El ministro rechazó los cargos y calificó el proceso de "patraña". Aseguró que cumplió con los requisitos de su contratación y que presentó informes para acreditar sus labores. También cuestionó que la Fiscalía atribuyera sus servicios a un periodo de 70 días, pues sostuvo que su vínculo con el GORE Callao se extendió durante dos años.
Alberto Beingolea: ¿qué pruebas presentó la Fiscalía por la contratación en el GORE Callao?
La acusación fiscal se sustentó en 33 elementos de convicción. Entre ellos figuraron un informe de la Contraloría General de la República, declaraciones de consejeros regionales y una pericia contable. Estos documentos fueron presentados como parte de los elementos que debían ser evaluados durante el juicio oral.
Durante el control de acusación, la defensa de Beingolea solicitó el archivo del caso y presentó una excepción de improcedencia de acción. Alegó que no existían pruebas de una concertación con funcionarios y que las irregularidades correspondían a faltas administrativas, no a delitos. El juzgado y la Sala Penal de Apelaciones rechazaron ambos recursos al considerar que había indicios suficientes para llevar el caso a juicio.
Beingolea también defendió su preparación profesional y sostuvo que contaba con las condiciones necesarias para asesorar al gerente regional. Afirmó que los informes de su trabajo fueron entregados dentro de los plazos establecidos y tenían los sellos de recepción correspondientes. "¿Cómo se demuestra un trabajo con una orden de servicio? Con los informes", declaró a RPP. El ministro aseguró que cumplió "escrupulosamente" con los términos de referencia de la contratación.
