Política

¿Alva puede ser sancionada por la Comisión de Ética tras su discurso de “blancos e indios”?

Tras ser cuestionada por dicho comentario, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que el Perú “es de todos” y que “somos un país mestizo”.

María del Carmen Alva es cuestionada por sus recientes declaraciones en Piura. Foto: composición LR/Congreso
María del Carmen Alva es cuestionada por sus recientes declaraciones en Piura. Foto: composición LR/Congreso

Diversas críticas ha recibido María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, luego de sus recientes declaraciones en una actividad parlamentaria en Piura. La representante del Legislativo tuvo calificativos de “blancos e indios” hacia la población, por lo cual fue cuestionada en redes sociales. En esa línea, explicaremos si el accionar de la congresista de Acción Popular amerita ser llevado a la Comisión de Ética.

Durante la ceremonia y develación de una placa conmemorativa por el Bicentenario del Parlamento de la República, en la región de Piura, María del Carmen Alva mantuvo la posición de criticar al Ejecutivo y aseguró que este no quiere trabajar en conjunto por el pueblo.

“Dicen que son ‘el Gobierno del pueblo’, esa es su frase. Nuestra frase es un Congreso para todos, sin excepción, a nivel nacional: Lima y regiones unidos, blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista, de lucha de clases”, dijo desde la plaza de Armas de la ciudad.

Las declaraciones de la legisladora tuvieron reacciones inmediatas y fue blanco de críticas por diversos políticos, tanto de derecha como de izquierda.

Ante ello, para conocer si la titular del Parlamento podría ser sancionada por la Comisión de Ética, La República conversó con Ana María Vidal, abogada litigante en defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.

¿María del Carmen Alva puede ser sancionada por la Comisión de Ética tras su discurso?

Para la letrada Vidal, las declaraciones de María del Carmel Alva podrían constituirse en una infracción y deben ser analizadas y sancionadas en la Comisión de Ética.

“Lo que ha manifestado la presidenta Alva es una discriminación que no es nueva y es estructural en el país. Como parte del ejemplo, esta actitud debe debatirse tanto en el Pleno como en la Comisión de Ética y sancionarse de la manera adecuada. Esto servirá para que este tipo de actitudes no ataquen nuevamente a la población”, sentenció Ana María Vidal.

Asimismo, la especialista indicó que la parlamentaria, con sus declaraciones racistas, no estaría obedeciendo el artículo 2 de la Constitución que señala que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

“Las y los congresistas son funcionarios públicos que tienen el deber de cumplir con la Constitución. En ese caso, tienen un deber reforzado porque tienen un mayor poder que ha sido elegido por el pueblo para hacer leyes y fiscalizar. Sin embargo, no están cumpliendo con lo estipulado en la Constitución y sus declaraciones son una muestra de ello”, afirmó Vidal.

En tanto, la politóloga Paula Távara añadió que María del Carmen Alva debería ser sancionada y no bastaría tener un llamado de atención por el Parlamento, sino por el Ministerio de Cultura bajo la dirección competente.

“Es una situación sumamente grave (por las declaraciones de Alva), yo creo que debería ser sancionada no solo por sus palabras, sino por el cargo que representa. Este caso se tendría que ver ampliamente en el Pleno y también en el Ministerio de Cultura. Recordemos que este sector tiene una dirección de Diversidad Cultural y Lucha contra la Discriminación Racial con su programa Alerta contra el Racismo”, precisó Távara a La República.

Por su parte, Omar Cairo, abogado constitucionalista, añadió que las palabras de la presidenta del Congreso aceleran la desaprobación de la ciudadanía hacia el Legislativo.

“Esta declaración incrementa el desprestigio del Congreso porque revela que el Parlamento está conducido por una persona que clasifica a la población con blancos e indios, lo cual es incompatible con el derecho a la igualdad de las personas que es reconocido constitucionalmente”, explicó el letrado.