Ley mordaza sin sustento jurídico ni aprobación del Congreso

El presidente Pedro Castillo ataca a la prensa de nuevo. Esta vez promueve el “proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”. El proyecto, que a vista de los especialistas es otro intento por criminalizar a la prensa, cuenta con la desaprobación de la mayoría de bancadas del Congreso.

Todo indica que no superará el filtro de la Comisión de Justicia, ya que seis de las nueve bancas que integran dicha Comisión no suelen votar a favor del Gobierno. Por este motivo, no sería sometida a votación en el Pleno. Pero, de ser así, tampoco lograría sumar los votos: siete de las once bancadas ya han mostrado rechazo a la “ley mordaza”.

“Esta ley no debe pasar de la Comisión de Justicia, deben mandarla al archivo”, afirma el congresista Wilmar Elera, de la bancada Somos Perú. “Si pasa al Pleno, no creo que el resto de congresistas puedan pensar que es bueno amordazar a la prensa con este tipo de ley. Sería una locura. Menos mal que tenemos este control político para evitar estos desmanes del Ejecutivo”, añade.

Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Cambio Democrático opinan en la misma línea.

“Esta barbaridad no merece ni ser discutida”, opinó el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga. En referencia al presidente y al premier Aníbal Torres, Norma Yarrow, de Avanza País, declaró: “Ellos quieren tapar todos estos actos de corrupción que se vienen viendo. Ya es momento de darle todo el soporte a la prensa”. “Tratan de evitar que se le investigue al presidente. Se evita que los peruanos conozcan los procesos penales que se siguen contra los altos funcionarios”, dijo Alejandro Muñante, de Renovación Popular.

“No lo hemos conversado aún, pero estoy segura de que nosotros como bancada vamos a votar en contra de este proyecto. Un proyecto que definitivamente busca una protección directa al presidente de la República por todos estos actos de posible corrupción que están en su entorno”, comenta Lady Camones, de APP.

Solo las bancadas oficialistas apoyarían la propuesta de Castillo. “Estamos en un país democrático que respeta la libre expresión, pero hay medios que exageran ese derecho y liberalizan las informaciones”, opina Edgar Tello, congresista del bloque magisterial.

Waldemar Cerrón, de Perú Libre, opina: “La ley es correcta. Si la investigación se va a mantener en reserva, con el debido proceso, no tiene por qué salir la carpeta fiscal publicada. Hay un tráfico de información. Es ilegal”. En esa misma línea votarían Perú Democrático y Perú Bicentenario.

Ley con segunda

El proyecto que promueve Castillo va dirigido a jueces y fiscales. Sin embargo, entre líneas intenta censurar a la prensa y ocultarle información a la ciudadanía. “Si bien este proyecto de ley pretende castigar jueces y fiscales, tenemos el destinatario de la norma. Es decir, sin duda alguna genera un contexto en el que, de manera indirecta, se afectaría la labor periodística.

Es un proyecto de ley nefasto que atentaría la libertad de información. No solamente como derecho reconocido de los periodistas de poder informar, si no como derecho de los ciudadanos de poder acceder a la información sobre asuntos de interés público. Es completamente incongruente con las bases de los principios de un Estado democrático”, afirma el abogado penalista Jesús Cornejo.

Señala que si bien existe la reserva de las investigaciones fiscales, no debería existir una norma que termine afectando el derecho constitucional a la información.

“Una eventual aprobación de esta ley y su incorporación al código penal terminaría siendo incongruente con la democracia y sus bases, pero además sonaría un poco más a excusa por el contexto en el que se encuentra el presidente y su actitud con la prensa”, añade.

Jurídicamente insostenible

Según Cornejo, el proyecto de ley tiene varios vacíos. Para empezar, sería difícil identificar a los supuestos culpables. “Estaríamos aceptando que la información que se difunde siempre proviene de jueces y fiscales. Yo me imagino que las fuentes periodísticas no se restringen solamente a los funcionarios públicos. Las fuentes pueden ser diversas, podría ser el abogado, el mismo investigado o un testigo. ¿Cómo se podría identificar de quién provino la información?

Además, el penalista observa que la justificación del Ejecutivo no está clara. “La línea argumentativa va por tres lados. Dice que vulneraría la intimidad, pero la intimidad para funcionarios no tiene las mismas líneas rígidas que para cualquier otra persona porque los niveles de escrutinio son más elevados.

También argumentan que atenta contra la seguridad nacional, pero la información no versa sobre esos temas, versan sobre asuntos de corrupción. Asimismo, el PL menciona que intentaría proteger al sistema de administración de justicia”, sostiene Cornejo.

“Creo que en un intento de abarcar todos los frentes argumentativos posibles, han terminado no dejando clara cuál es la verdadera intención punitiva de esta norma. Me queda claro que, como era de esperarse, no está bien sustentada”, agrega el penalista.

La palabra

Jesús Cornejo, abogado penalista

“El PL es riesgoso por los efectos que tendría sobre la labor informativa de la prensa... No hay necesidad de que se criminalice en el papel para que nos demos cuenta de que es una amenaza latente a su labor”.