Alertan pérdida de legitimidad de la Defensoría con gestión de Josué Gutiérrez
En su 28 aniversario, extrabajadores advierten un copamiento político de la institución que le impide cumplir con su mandato constitucional.
Este miércoles 11 de setiembre la Defensoría del Pueblo cumple 28 años de vida institucional y, por este motivo, un grupo de profesionales que formaron parte de la entidad desde la gestión del primer defensor Jorge Santisteban de Noriega emitieron un comunicado con duros cuestionamientos hacia la actual administración a cargo de Josué Gutiérrez.
Los extrabajadores recuerdan que la entidad defensorial, desde su creación en 1996, “ha sido un organismo autónomo, absolutamente comprometido con el sistema democrático” y ha cumplido su mandato constitucional “con total independencia y apego a la Constitución”.
“Lamentablemente, dicha trayectoria ha sido irrespetuosamente contradicha bajo la conducción de su actual titular, Josué Gutiérrez Cóndor, quien, desde un inicio, ha dispuesto el progresivo abandono de las tareas esenciales de la Defensoría”, expresan en el comunicado.
Los firmantes advierten además que el actual defensor Josué Gutiérrez “viene aprovechando el cargo para alinearse con objetivos que se apartan de la defensa de la democracia y los derechos humanos, así como de la necesaria supervisión del ejercicio del poder en el país”.
El documento ha sido suscrito por los exdefensores Walter Albán, Eliana Revollar, y Eduardo Vega Luna, y por profesionales como Eduardo Dargent, Samuel Abad Yupanqui, Roberto Pereira, Alicia Abanto, Yván Montoya, Pier Paolo Marzo y Gino Costa, entre otros.
Copamiento político
En términos institucionales, los extrabajadores apuntan que nos encontramos frente a una clara voluntad del poder político por copar las entidades autónomas, como ya ocurrió con la SUNEDU, el Tribunal Constitucional y la misma Defensoría del Pueblo. En esa misma línea, advierten que la amenaza de la captura institucional también se podría extender hacia la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los entes del sistema electoral.
“Esta situación hace evidente que la Defensoría del Pueblo se encuentra por ahora impedida de ejercer su mandato constitucional y más bien, lamentablemente, la viene afectando la alarmante pérdida de legitimidad de quienes ostentan ese poder autoritario”, expresan.
Los profesionales hacen referencia a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron desde el gobierno durante las protestas sociales de fines del 2022 e inicios del 2023, con un saldo de cincuenta personas asesinadas e incontables personas que resultaron heridas.
“El señor Josué Gutiérrez ―cuestionan― guarda silencio frente a hechos tan graves, pero no disimula su respaldo a quienes han antepuesto sus intereses particulares a los del país, con la intención de mantener cuotas de poder, promover la impunidad y evitar una salida democrática a la actual crisis política”.
Como se sabe, Josué Gutiérrez fue elegido gracias al pacto en el Congreso de los grupos políticos de Fuerza Popular y Perú Libre. Estas bancadas y otros grupos parlamentarios afines como Alianza Para el Progreso actualmente ejercen un rol de convivencia o cogobierno con el Ejecutivo. De allí que Josué Gutiérrez ha optado por una postura en la línea misma de estas organizaciones.
Frente al presente escenario que golpea también a la Defensoría, los firmantes hacen un llamado a la ciudadanía peruana para asumir un rol de defensa de la institucionalidad democrática. “Que este nuevo aniversario de la Defensoría del Pueblo sea una oportunidad para que, evocando la impronta de nuestro primer defensor, Jorge Santistevan de Noriega, aunemos esfuerzos, energías y una gran esperanza, con el objetivo de rescatar al Perú para la democracia”, expresan.
