Política

Dina Boluarte: ¿quién es la abogada que defiende a la presidenta por el caso de genocidio?

La penalista Kelly Montenegro es el primer rostro visible de la defensa legal de la presidenta de la República en la investigación que inició el Ministerio Público por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Kelly Montenegro trabaja para el estadio de abogados de Julio Rodríguez. Foto: diseño de Jazmín Ceras / La República
Kelly Montenegro trabaja para el estadio de abogados de Julio Rodríguez. Foto: diseño de Jazmín Ceras / La República

A diferencia del gobierno de Pedro Castillo Terrones, la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene un perfil mucho más bajo en cuanto a su defensa legal. En el periodo anterior, los defensores del profesor cajamarquino eran conocidos y la presencia de Benji Espinoza y Eduardo Pachas fue bastante mediática. Un contraste con la situación del Gobierno actual, ya que recién en marzo de este 2023 conocimos que la letrada Kelly Montenegro asumió la defensa de la mandataria frente a las investigaciones fiscales por las decenas de fallecidos en el marco de las protestas.

Primero, el último 11 de enero de este año, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación, la primera en su condición de máxima autoridad del Ejecutivo en funciones, contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra. A ella se le atribuyen los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. En la indagación preliminar están comprendidos también algunos ministros y exministros de la gestión actual.

En el marco de la tercera citación a la jefa de Estado para que declare ante la Fiscalía de la Nación por este caso, se conoció que la abogada penalista Kelly Mariela Montenegro Paredes viene asumiendo la defensa de la mandataria. Fue ella la encargada de confirmar la asistencia presencial de la alta funcionaria a la sede fiscal, algo que no había ocurrido en las dos oportunidades anteriores.

Kelly Mariela Montenegro es una abogada especialista en derecho penal que trabaja en el Estudio Rodríguez Delgado y Abogados Asociados SAC, el cual asumió la defensa de varios investigados mediáticos. Uno de ellos es la defensa del empresario Zamir Villaverde, quien es uno de los involucrados en la presunta trama de corrupción generada durante el gobierno de Pedro Castillo. Actualmente, se encuentra como aspirante a colaborador eficaz apoyado por el mencionado estudio.

Kelly Montenegro en caso de asensos irregulares en la PNP

En cuanto a casos en los que Kelly Montenegro ha participado directamente está el de los ascensos irregulares en la PNP, el cual involucra al mismo Pedro Castillo y Bruno Pacheco, entre otros personajes cercanos al entonces círculo presidencial. Ella junto con la letrada Marilyn Espinoza acompañó a su defendido, el general PNP Pedro Villanueva Nole, contra quien se dispuso una orden de detención por el supuesto pago de una coima de US$40.000.

Finalmente, Kelly Montenegro también fue acreditada —el último 23 de enero— como abogada de la jefa de Estado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República por la misma Dina Boluarte, quien fue denunciada constitucionalmente ante esta instancia por los parlamentarios Patricia Chirinos, Adriana Tudela y Juan Burgos, todos ellos de Avanza País.

Boluarte acudió a la Fiscalía, pero no declaró

La presidenta Dina Boluarte acudió a la sede de la Fiscalía de la Nación para brindar su declaración de forma presencial por la investigación en su contra en los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en la relación a las muertes durante las protestas que rechazan su Gobierno. No obstante, fuentes allegadas a La República informaron que la jefa de Estado no logró rendir su manifestación.

Si bien la diligencia estuvo programada para las 9 a.m. en la sede del Ministerio Público, que se ubica en la cuadra 5 de la avenida Abancay, en el Centro de Lima, esto no pudo llevarse a cabo pese a la presencia de Dina Boluarte a primeras horas de la mañana.

De acuerdo a la información recibida por este medio, la Fiscalía suspendió la diligencia hasta que el Poder Judicial resuelva una tutela de derechos planteada por la Procuraduría General del Estado que busca que puedan participar en la investigación durante las tomas de declaración de los investigados.