Luis Miguel Castilla: “Por peleas entre Ejecutivo y Congreso, el país estuvo a la deriva; hay un Estado ausente”

Fue ministro de la primera etapa del gobierno de Ollanta Humala. En esta entrevista, Castilla dice que el país está en una situación crítica, que ni el adelanto de elecciones garantiza la paz social. Para él, el descontento social se debe a la incapacidad del Estado para redistribuir la riqueza. Dice también que no es un problema de recursos sino de gestión.

—¿Qué visión tiene sobre los acontecimientos que ocurren en el país?

—La situación es muy compleja debido al fallido golpe de Estado del expresidente Castillo y una agenda meramente política: adelanto de elecciones, renuncia de la presidenta, asamblea constituyente, etc. Ello gatilló una conflictividad que empezó en el sur y se ha extendido en el país. La gobernabilidad está afectada. Existe el riesgo de que este mandato transitorio no concluya.

—¿No sería mejor la renuncia de Boluarte para descomprimir la violencia?

—Ejecutivo y Congreso tienen una alta desaprobación. Ambos padecen de crisis de legitimidad y una salida son las elecciones generales con los riesgos que ello significa: la renuncia de Dina Boluarte y que asuma el señor Williams podría desatar más protestas. Un adelanto de elecciones precipitado siempre conduce a la incertidumbre; tampoco habría tiempo de mejorar la normatividad política para tener mejores representantes y asegurar una mejor gobernabilidad. Este es el punto de clímax de seis años de falta de gobernabilidad en el país.

—Quienes protestan piden una asamblea constituyente para modificar el capítulo económico de la constitución de 1993. ¿Está de acuerdo?

—Varias cosas de la Constitución deben cambiarse, pero no necesariamente lo económico. Esa es una agenda de la izquierda de hace muchos años. Un cambio de lo económico, como lo plantean, deteriorará más la calidad de vida de la población. Quieren un Estado empresarial no subsidiario y eso significa asumir mayores riesgos y contingencias fiscales. Veamos lo que pasó en Petroperú, un ejemplo de mal manejo de empresa pública. El artículo 58 de la Constitución fija las responsabilidades del Estado, pero estas no se cumplen en educación, salud, seguridad, etc. Si no puede cumplir esas funciones, menos podrán hacer empresa.

—Se ponen de ejemplo otros países que manejan empresas públicas estratégicas, Chile con el cobre...

—El Perú tiene 35 empresas públicas en Fonafe, Petroperú y empresas de agua de carácter municipal y la mayoría (ediles) son deficitarias, la mitad vinculadas al saneamiento están intervenidas por insolvencia. Petroperú perdió su calificación crediticia por malos manejos, y sucede que el Ministerio de Economía se ve obligado a desembolsar 2,500 millones para su salvataje. Ese dinero pudo inyectarse en otros ámbitos donde hay pobreza.

—Sostiene que tampoco debería plantearse la revisión de los contratos.

—Los contratos entre un inversionista y el Estado no pueden modificarse según la Constitución del 93. El argumento es que son lesivos para los intereses del Estado. Se quiere quitar la protección constitucional. Es muy peligroso. Los contratos tienen cláusulas y cuando devienen en controversias, se va a un arbitraje. En mi gestión hubo 16 arbitrajes y la mayoría los ganó el Estado. También preocupa que se hable de control de precios que generan desabastecimiento de productos y mercado negro. Me parece que lo que se debería revisar es la autonomía de los gobiernos regionales.

—Los gobiernos regionales tienen autonomía para manejar sus recursos. ¿Qué debería revisarse?

—Hay una autonomía mal utilizada en regiones ricas gracias al canon minero. Pasa con Cajamarca y, pese a sus generosos ingresos, figura como una de las cinco más pobres del país. Distritos de Cusco tienen muchos recursos, pero invierten en una piscina temperada a cuatro mil metros de altura y no tienen agua potable.

—Fue ministro de Humala, quien como candidato hablaba de asamblea constituyente y de cambiar el modelo económico.

—Él se rodeó de buena tecnocracia. No se quedó en populismo y retórica. Avanzó en reformas: la universitaria, servicio civil y magisterial. Apostó por políticas sociales y se invirtió mucho en las brechas de infraestructura. Hubo reducción de la pobreza, pero...

—¿Y por qué ese supuesto bienestar no se prolongó?

—El Estado es disfuncional y corrompido. Ese es el problema de fondo. La riqueza generada no ha servido para tener un país más cohesionado. Antes de la Constitución del 93, teníamos un ratio de pobreza de casi 70%, luego se redujo hasta el 20%.

—Pero el descontento continúa. En el sur peruano a Humala lo acusaron de traición por incumplir sus promesas.

—Si fue lo de la asamblea constituyente, la incumplió. Él firmó la hoja de ruta. En ese entonces, el Perú era otro, crecía, había estabilidad y un Estado de derecho que se respetaba. Hoy no tenemos eso, sino una crisis institucional que empezó, probablemente, cuando Fujimori dio el golpe de Estado, los partidos políticos se debilitaron, la ausencia de cuadros permitió que las instituciones se precaricen y que haya esa desafección a la autoridad. Este “descentralismo excesivo” y peleas que hemos visto entre Ejecutivo y Congreso han dejado al país a la deriva. No hubo ningún tipo de presencia del Estado en el interior del país y al final se busca chivos expiatorios en el modelo económico.

—¿Cuál puede ser el efecto de esta crisis en el bolsillo de los peruanos?

—Es probable que el crecimiento no llegue a 2%. Se moderará el consumo por la afectación a los servicios golpeados por los conflictos. De igual forma, en el crédito del consumo, los bancos restringirán por el crecimiento de la morosidad. La inversión pública y privada caerá, la primera porque las gestiones regionales y municipales son nuevas y en el caso de lo privado, no hay nuevos proyectos mineros (como Quellaveco en 2022), además, hay un entorno de costos elevados, lo único que redujo son los fletes, no pasa lo mismo con los insumos y financiamiento. A la inestabilidad política del país, se suma el factor externo. El mundo registrará un crecimiento bajo en décadas, eso perjudicará nuestras exportaciones por la caída de la demanda y precios bajos, además, una menor producción por la paralización en las unidades mineras. Es un crecimiento bajo y es probable que las tasas de pobreza aumenten.

—Con relación a la inflación, indicador que nos ha golpeado, ¿cuál será su comportamiento?

—Veremos un descenso gradual de la tasa de inflación, el año pasado cerró en torno a 8%, eso reducirá. Probablemente, a fin de año estemos aún por encima del rango meta del Banco Central de Reserva de 3%, Eso será un respiro para los hogares, cuya capacidad económica se mermó. Esa es la noticia positiva, aunque en el corto plazo podría afectarse por los bloqueos. El tipo de cambio aún está manejable, si hubiese un escenario disruptivo, podría acercarse a los S/ 4.00 y eso obligaría a una intervención del BRC.

—¿Hay un riesgo de que la cadena de pagos se rompa y aumente el desempleo? En una inspección de Sunafil en Cusco se concluye que el 50% de empresas supervisadas no pagó CTS ni gratificación a sus trabajadores.

—Arequipa, Apurímac, Cusco y Puno, regiones afectadas por el conflicto, representan 15% del PBI nacional. El turismo es uno de los grandes empleadores y está golpeado por la cancelación de las reservas. Este año será casi pandémico para Cusco y Puno por las alertas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Eso tienen incidencia desde el guía de turismo, alojamientos, restaurantes, transportes. Si a eso le sumas la paralización de las minas por prevención o vulneraciones crecerá el desempleo.