Alfonso Barrenechea: “Va a ser común que los candidatos que vayan perdiendo quieran azuzar a la población”

Este domingo 2 de octubre, día de elecciones regionales y municipales, el Ministerio Público no descansará: miles de fiscales estarán monitoreando que no se cometan delitos electorales. En este entrevista, el coordinador nacional de Fiscales de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, nos explica las medidas que adoptarán.

—¿Cuál es el delito electoral que el Ministerio Público suele detectar?

—Quien comete el delito lo hace de forma dolosa, pero hemos tenido la experiencia, en delitos electorales, que quienes han cometido estos actos desconocían que se trataba de un delito, pese a que todos presumimos las prohibiciones. El principal delito o el más frecuente es el de suplantación de votantes.

—Este desconocimiento sobre este delito, ¿de parte de quién viene? ¿Del elector, de los miembros de mesa?

—Del elector. El elector piensa que no es un hecho irregular. Cuando hemos tenido estos procesos legales, lo que nos dicen los imputados es que quisieron ayudar a sus familiares. Entonces, para evitar el pago de las multas van a votar por ellos. Ciertamente eso constituye un delito y que está penado desde uno a cuatro años de cárcel.

—Y el argumento de que no se conocía que era un delito, ¿sirve para salir airoso?

—No, porque existen presunciones de que todos conocemos las prohibiciones penales.

—¿Hay una cifra de sentenciados?

—El proceso electoral del 2018, que tomamos como base, tuvo 145 casos, en total, de detenidos, de ellos, 49 estaban relacionados a suplantación de votantes. Más de la tercera parte de detenidos que hemos tenido están relacionados con este delito.

—¿Y por qué no llegan a sentencias?

—Sí hubo sentencias, pero no tengo yo, en este momento, la estadística oficial. En algunos casos teniendo unos criterios, quizás no una pena efectiva, pero sí se impone una sanción.

—¿De qué factores depende el avance de las pesquisas?

—El acto se comete en el momento.

—¿Siempre tiene que ser en flagrancia? Porque el año pasado un partido denunció suplantación de identidades, pero no en flagrancia.

—La noticia puede llegar de diversas formas, pero en esos casos, muchos de esos procesos han sido archivados, se ha citado a las personas supuestamente suplantadas y no han advertido ninguna situación.

—¿La Fiscalía depende de los fallos del JNE? El año pasado, el Jurado, luego de varias audiencias que refutaron la existencia de fraude electoral, remitió los expedientes al Ministerio Público.

—Es un elemento valorativo más. No vincula a la Fiscalía, ni para juzgar o archivar.

—¿Basta con la insatisfacción de una organización o candidato que diga “he perdido porque hubo fraude” para iniciar una investigación?

—El Ministerio Público puede actuar de oficio, pero eso no implica que vamos a formalizar una denuncia. Incluso ahora que nos encontramos en un proceso electoral focalizado, va a ser común que los candidatos que vayan perdiendo quieran azuzar a la población. Por eso lo que el MP ha implementado es un centro de prevención. Los cinco mil fiscales que se van a desplegar este 2 de octubre van a reportar en tiempo real las situaciones que se presenten.

—¿Qué elementos deben acreditarse para asegurar que hubo fraude electoral?

—En primer lugar, el Ministerio Público actúa con objetividad y neutralidad en este proceso electoral. Si nosotros recibimos comunicaciones, vamos a iniciar las investigaciones. Si encontramos elementos, vamos a formalizar la investigación y, si no encontramos, vamos a archivar.

—Es irresponsable que un candidato diga que hubo fraude, ¿no? Porque ese delito implica la participación, incluso, de los organismos electorales.

—Lo que decimos es que este proceso electoral cuenta con la participación de diversos entes; si hablamos de fraude, implicaría que todas estas instituciones, de manera concertada, estuvieran favoreciendo a un candidato a nivel regional, provincial o distrital. Sería complicado. Es verdad que muchos candidatos dicen, porque no ganaron, que hubo fraude. Para eso estamos estableciendo criterios.

—Sin la participación de funcionarios, es imposible que haya fraude electoral, ¿no?

—Claro, pero podría presentarse la alteración en una mesa determinada donde hay ciudadanos, pero hablar de fraude con la modificación de registros, demoras en la instalación de las mesas...

—¿Es conspiranoico?

—Claro. La mejor forma de combatir con ese tipo de alegaciones es efectuar una labor preventiva.

—¿Cómo hacer que estas denuncias de fraude no demoren la proclamación de resultados electorales?

—Debemos distinguir. Estas declaraciones de fraude son declaraciones políticas, pero cualquier cuestionamiento al acto electoral se traslada de la forma que la propia normatividad lo establece, mediante la impugnación de la mesa de sufragio. Acá se actúa con base en los procedimientos. Es muy fácil hablar de fraude, pero finalmente se debe acreditar. El MP actuará en defensa de la legalidad para que todos los entes electorales actúen conforme.

—En caso la Fiscalía demuestre, de haber denuncias al respecto, que hay alteraciones de resultados en algunas mesas. ¿Eso tiene efecto retroactivo?

—No. Nuestra investigación es de carácter delictivo. No hacemos una valoración electoral, sino si este hecho constituye o no un delito.

—Pero el rol de ustedes suma o no a la legitimidad del proceso.

—Claro, por eso en el último proceso electoral, en que hubo algunas voces que hacían referencia a un fraude, finalmente en la Fiscalía se archivaron (las denuncias) en un plazo razonable. No tenemos ninguna preferencia.