Juez que negó apoyo a EE.UU. en caso Sánchez Paredes es amiguísimo de su abogado

Juez que negó apoyo a EE.UU. en caso Sánchez Paredes es amiguísimo de su abogado Tras un largo proceso plagado de maniobras y polémicas decisiones de fiscales y jueces, la fiscalía suprema deberá, en los siguientes días, acusar a siete de los miembros del grupo Familiar. Sin embargo, una boda celebrada en Colombia en junio del 2012 y posteriores resoluciones favorables traslucen estrechos nexos entre administradores de justicia y abogados de los principales investigados.Turbias relaciones,Miguel Gutiérrez R. Relaciones desconocidas entre abogados y magistrados contaminan más el manejo judicial que ha tenido el caso más emblemático por lavado de activos. El juez que con su decisión contribuyó a impedir que la justicia estadounidense pudiera obtener evidencias contra las empresas del grupo familiar, es amigo íntimo de uno de los abogados claves de los investigados. En junio del 2012, Manuel Loyola, en ese entonces titular del Tercer Juzgado Supranacional, dejó su cargo en manos de un tercero para irse a Bogotá a celebrar la boda de José Luis Castillo Alva, un abogado conocido en el mundillo judicial por ser cercano y útil a los Sánchez Miranda, dueños de Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. (COMARSA), empresa incluida actualmente en la investigación por lavado. Cuatro meses después de coincidir en ese acto con el mismo Alfredo Sánchez Miranda, el juez Loyola resolvió dos medidas que ayudaron a la familia a eludir las pesquisas de las autoridades estadounidenses. AMIGOS DEL ALMA El novio y amigo del juez, José Castillo Alva, es un penalista conocido por los pasadizos de la Fiscalía y la Sala Penal Nacional por su labor editorial. Entre sus contactos al interior del sistema de justicia se cuentan secretarios judiciales que fueron sus alumnos y también conocidos magistrados como el vocal superior César Hinostroza Pariachi y el propio presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera. Desde el 2010, en la Sala Penal Nacional se sabía que Castillo Alva patrocinaba y estaba unido a la estrategia de la familia indagada por lavado desde tiempo atrás. Por esa fecha, el abogado estuvo detrás del manejo de recursos presentados en juzgados de provincias para detener la investigación preliminar contra Orlando Sánchez Paredes y sus hijos Orlando, Ricardo y Alfredo Sánchez Miranda. El mismo abogado hasta ahora no oculta la asesoría prestada a los hijos de Orlando Sánchez Paredes en el proceso por lavado. En la página web de su nuevo estudio jurídico figura como "caso exitoso" haber logrado que un hábeas corpus separe de la indagación a Orlando Sánchez Miranda. Por eso, cuando a inicios del 2012 el abogado Castillo Alva extendió invitaciones para asistir a su boda en Bogotá, vocales y fiscales supremos se excusaron ante la invitación. Manuel Loyola, titular del tercer Juzgado Supranacional que veía los casos de crimen organizado o delitos complejos como terrorismo, lavado de activos, narcotráfico, sí aceptó tomar el vuelo para Colombia. Loyola Florián ocupaba ese importante juzgado el 2010 luego de estar pocas semanas en un juzgado penal de Trujillo. Su traslado a Lima, cuando el expediente Sánchez Paredes estaba camino al Poder Judicial, despertó en aquella época suspicacias de medios de prensa que lo relacionaban con la familia liberteña. Loyola tomó unos días de descanso en el juzgado para abordar el jueves 21 de junio un avión de Avianca con destino a Bogotá. Cuatro días después, el lunes 26 de junio, el juez regresa en el mismo avión que el empresario Alfredo Sánchez Miranda, el cliente del novio. El viaje del juez Loyola y otros magistrados a la boda del abogado de la familia Sánchez Paredes no pasó inadvertido en los predios judiciales y menos aún en la Sala Penal. Incluso provocó observaciones pero ninguna terminó en un informe o denuncia por escrito. UN JUEZ PRESTO Tres meses después de haber asistido al matrimonio en Colombia, el juez resolvió dos decisiones significativas para el grupo Sánchez Paredes. Desde setiembre del 2012, la Corte del distrito de Nueva York –vía la Unidad de Cooperación Internacional adscrita a la Fiscalía de la Nación– tenía inmovilizadas nueve cuentas bancarias por 31 millones de dólares, y en el Perú otras tres cuentas (Horizonte Dorado, Comarsa y San Simón) también lo estaban. En noviembre, el fiscal neoyorquino Preet Bharara llegó a un acuerdo con los socios de la empresa Comarsa para desbloquear una de las cuentas mientras esperaban la asistencia judicial del Perú. El requerimiento internacional debía ser resuelto en Lima por el juez a cargo del expediente. Sin embargo este estaba de licencia, por lo que el juez Loyola Florián hizo valer su papel de coordinador de juzgados para tramitar la resolución de desbloqueo que liberó una de las cuentas de Comarsa. Cuatro meses después, el magistrado tuvo otra vez en sus manos el caso Sánchez Paredes. El 1° marzo del 2013, un oficio del Departamento de Justicia estadounidense llega al Segundo Juzgado solicitando examinar y obtener copias del expediente 100-2010 en el que los Sánchez Paredes estaban acusados de lavado; así como también la "autorización" para que agentes de la DEA se reúnan con los fiscales del caso y testigos a fin de testificar en un juicio contra los Sánchez en los EE.UU. Por extraña coincidencia, el titular de ese juzgado que debía ver el caso no estaba en Lima por esos días, por lo que Loyola también debió asumir funciones en ese despacho. El mismo día que debía retirarse, el 8 de marzo, el magistrado negó el pedido argumentando que el expediente estaba en Relatoría de Sala y que ese juzgado "no podía interferir en su trámite". La decisión de Loyola fue fundamental para que el proceso en los EE.UU. se paralizara y al parecer sucumbiera definitivamente. Al revelarse la falta de colaboración del PJ y el Ministerio Público en este caso, se hicieron evidentes recién las resoluciones emitidas por el juez Manuel Loyola. El viaje secreto a Colombia y las resoluciones de Manuel Loyola fueron reprobados por los magistrados de la Sala Penal de Lima, a cargo de la vocal superior Inés Villa Bonilla. Ante las críticas en su contra, a inicios de febrero del 2014 renuncia a su cargo y retorna a su despacho de origen, en Trujillo. Días después, el 26 de febrero, un nuevo juez, Marco Aurelio Tejada, rectifica la primera resolución y dispone aprobar el pedido de cooperación solicitado por los Estados Unidos. Aunque probablemente esta medida ya sea muy tarde. CLAVES Maniobra. En febrero del 2012, la fiscal superior María Maguiña fue investigada por analizar y archivar caso, en tiempo récord, pese a que había indicios suficientes contra ellos. Larga investigación. Investigación fiscal contra la familia liberteña se inició en enero del 2008 durante el gobierno de García, pero recién en el 2010 se abrió proceso judicial.

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