El fallo sobre el caso de las esterilizaciones forzadas definirá si la Fiscalía denuncia a Alberto Fujimori y a sus exministros de Salud por el delito de lesa humanidad. , La organización 'Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer' (Demus) acusó a la Fiscalía de aplazar el pronunciamiento del fallo sobre el caso de las esterilizaciones forzadas para el 7 de junio, luego de los comicios electorales. PUEDES VER: Mercédez Aráoz le pide a Keiko Fujimori responsabilizarse por esterilizaciones forzadas | VIDEO "Es pernicioso que se someta la investigación al vaivén político debido a que al dilatarse el pronunciamiento hasta el 7 de julio, significa que su posición se va a conocer después de la segunda vuelta", manifestó el abogado de Demus, Julio Arbizu. Cuestionó que la Fiscalía de la Nación haya aceptado el pedido de la fiscal Marcelita Gutiérrez y recordó que los involucrados en la investigación son personas vinculadas al fujimorismo, que se encuentra en carrera electoral, y advirtió que Gutiérrez sabe que pronunciarse luego de las elecciones puede viciar la investigación. "Ella (la fiscal) por su solvencia profesional debe rechazar cualquier injerencia política y sabemos que puede pronunciarse antes. (Eso) sería lo mejor", afirmó. Para Arbizu, el pedido de la fiscal "resta seguridad a las partes involucradas en el proceso" y aclaró que previamente ella pidió 150 días de plazo, que fueron reducidos a 75 días por la fiscal superior Luz Ibáñez. Dicho plazo ya se cumplió. Este fallo fiscal ayudará a decidir si se denuncia al expresidente Alberto Fujimori y a sus exministros de Salud por el delito de lesa humanidad. Por otra parte, Arbizu comentó que esta semana la Defensoría del Pueblo entregó un documento a Demus en donde confirmaba que entre 1996 y 2002 esta institución recibió 477 quejas fundadas sobre anticoncepciones quirúrgicas sin consentimiento. Previamente, legisladores fujimoristas aseguraron que estas quejas solo llegaban a ser una treintena. El dato Las víctimas de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen fujimorista (1990 - 2000) llevan esperando 14 años por el juicio.
