TC declara inconstitucional ley que excarceló a los Wolfenson

Colegiado señala que ya en cuatro ocasiones resolvió que no se debe computar un día de arresto domiciliario como prisión efectiva. Tribunal Constitucional critica con severidad al Congreso, al presidente Toledo y al Poder Judicial por nefasta ley.

Por unanimidad y en tiempo récord, el Tribunal Constitucional falló que la “Ley Wolfenson” es inconstitucional y que no debió haber excarcelación.

La clave

EN EL CONGRESO. Aunque sólo asistieron cinco congresistas a la sustentación de la demanda en contra de la Ley Wolfenson, Anel Townsend indicó que otros 26 parlamentarios se sumaron a este pedido. Los congresistas que asistieron a la audiencia pública en la que se vio esta causa fueron Anel Townsend, Heriberto Benítez, Javier Diez Canseco, Luis Iberico y Gloria Helfer. Además se hizo presente el ex procurador Ronald Gamarra.


LA MALA HORA DE LA CORRUPCIÓN • Colegiado señala que ya en cuatro ocasiones resolvió que no se debe computar un día de arresto domiciliario como prisión efectiva.
• TC critica con severidad al Congreso, al presidente Toledo y al Poder Judicial por nefasta ley.

Ángel Páez.

Con una histórica celeridad, el Tribunal Constitucional resolvió por unanimidad que la llamada “Ley Wolfenson”, que aprobó en sospechoso acto el Congreso, y permitió la excarcelación de dos notorios cómplices de Vladimiro Montesinos, es una norma inconstitucional.

La decisión la adoptó el colegiado a las siete y veinte de la noche, un poco más de cinco horas después de que en audiencia pública los representantes de 31 congresistas sustentaron la demanda de inconstitucionalidad que presentaron contra la ley que el presidente Alejandro Toledo no observó y promulgó el Legislativo.

Fuentes del Tribunal Constitucional explicaron a La República, con la sentencia en la mano, que el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial gestaron, formalizaron y ejecutaron la mencionada norma violentando una jurisprudencia establecida por cuatro fallos del colegiado que desestiman equiparar un día de arresto domiciliario como un día de prisión.

Sus efectos

También precisaron las fuentes que la sentencia del Tribunal Constitucional anula todos los efectos derivados de la “Ley Wolfenson”, como la excarcelación de los hermanos Moisés y Alex Wolfenson.

El reportero preguntó expresamente a las fuentes del colegiado si la sentencia del tribunal que declara la inconstitucionalidad de la “Ley Wolfenson” implicará el retorno a prisión de los propietarios de los diarios “La Razón”, “El Chino” y “El Men”, que recibieron fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). La respuesta fue categórica: “Sí”.

El ocho de julio, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que preside el controvertido magistrado Robinson Gonzales Campos, aplicó la criticada norma, a pedido de la defensa de los hermanos Wolfenson, y ordenó la excarcelación de los mismos. Ellos debían salir en libertad recién en enero del 2010.

De inmediato, y en medio del repudio público, el procurador adjunto Juan Carlos Portocarrero presentó ante la misma sala que preside Robinson Gonzales un pedido de nulidad de la resolución que permitió la liberación de los Wolfenson.

Las fuentes del Tribunal Constitucional indicaron que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema no tiene otra alternativa que acoger la solicitud de la Procuraduría y anular la excarcelación de los cómplices de Montesinos, en estricta aplicación de lo dispuesto por el colegiado, que declaró inconstitucional la “Ley Wolfenson”. De la misma manera, el Poder Judicial debe declarar infundados todos los pedidos en trámite que han presentado diversos reclusos, entre miembros de la mafia, secuestradores y narcotraficantes.

Ejemplar sentencia

De acuerdo con el fallo del colegiado, se declara inconstitucional “el extremo de la disposición (la ‘Ley Wolfenson’) que permite que el tiempo de arresto domiciliario sea abonado para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de arresto”.

También precisa la sentencia que “ningún juez o magistrado de la República puede aplicar el precepto impugnado (la ‘Ley Wolfenson’), por haber cesado en sus efectos”. Y con respecto a las solicitudes que han presentado los acusados para la aplicación de la mencionada norma que gestó el Congreso, y que aún no han sido resueltas por los magistrados, el fallo del tribunal ordena que estas “deberán ser desestimadas”.

Y en relación con el caso de los Wolfenson, indica la sentencia del Tribunal Constitucional: “Los jueces o magistrados que tengan en trámite medios impugnatorios o de nulidad en los que se solicite la revisión de resoluciones judiciales en las que se haya aplicado el precepto impugnado (en lo que a la detención domiciliaria se refiere), deberán estimar los recurs os y declarar nulas dichas resoluciones judiciales, por no conceder efecto alguno a una disposición declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional”, señala.

Como se ha indicado, justamente la Procuraduría interpuso ante la Sala que preside Robinson Gonzales un pedido de nulidad de la liberación de los Wolfenson.

Por lo tanto, a Gonzales y sus colegas sólo les queda acatar el mandato del Tribunal Constitucional.

Jalón de orejas

Ante la eventualidad de que la Sala que encabeza Gonzales rechace la solicitud de nulidad de la Procuraduría, alegando desconocimiento del fallo del Tribunal Constitucional, el colegiado advierte: “Precísese que la obligación de los jueces y magistrados de actuar de conformidad con (el contenido del fallo) (...), es exigible incluso antes de la publicación de esta sentencia en el diario oficial El Peruano (...)”.

En un intento de rectificación para descalificar la demanda de inconstitucionalidad de la “Ley Wolfenson” que presentaron los 31 congresistas, el apoderado del Congreso argumentó que carecía de sustento la acción de los legisladores porque la norma impugnada había sido derogada por el propio Legislativo.

Pero el colegiado no admitió semejante despropósito del Parlamento: “La derogación de la ley no es impedimento para que este Tribunal pueda evaluar su constitucionalidad”, resolvió.

En la resolución, el Tribunal Constitucional de paso fustiga al Congreso, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial por haber generado, dejado pasar y aplicado la “Ley Wolfenson” no obstante que el colegiado estableció jurisprudencia sobre el tema al resolver en cuatro ocasiones la controversia: no puede equipararse el arresto domiciliario con la detención en prisión.

Por eso, el colegiado expresó su decepción por la actuación de los tres poderes del Estado que favoreció a la mafia: “El Tribunal Constitucional lamenta que el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no hayan advertido el serio daño a la lucha contra la corrupción que la ley impugnada cometía, así como la manifiesta inconstitucionalidad en que incurría”. Seguidamente, demandó a dichos poderes a eliminar la corrupción no sólo con leyes sino con conductas éticas.

Mala hora para los corruptos.


Iba en contra del principio de igualdad 1. Los abogados Javier de Belaúnde y Luis Vargas Valdivia (ex procurador para los casos Fujimori y Montesinos) fueron los encargados de sustentar la acción de inconstitucionalidad presentada por los congresistas Heriberto Benítez y Anel Townsend contra la “Ley Wolfenson”.
2. Al sustentar la demanda de los congresistas, Vargas Valdivia dijo que la “Ley Wolfenson” iba en contra del principio de autoridad. Es decir que el arresto domiciliario no podía ser computado como prisión efectiva, pues la primera alternativa se daba por mandato de comparecencia y no con una orden de detención. “La detención en cárcel no es igual a la comparecencia restringida en su modalidad de arresto domiciliario; quien diga lo contrario fomenta la desigualdad”, dijo.
3. Por su parte, De Belaúnde sostuvo que la ley del 1x1 todavía podía ser invocada por otros personajes ligados a la mafia de Fujimori y Montesinos pues se podía alegar que estuvo en vigencia mientras permanecían bajo arresto domiciliario.

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