Relatora de la ONU alerta al Gobierno sobre amenazas a jueces y desprotección del magistrado Salas Arenas
Margaret Satterthwaite señaló que, el 9 de julio de 2026, la PNP decidió reducir las medidas de seguridad de Salas Arenas y su familia. El equipo de protección pasó de 14 a ocho agentes y se retiraron los vehículos de seguridad asignados, sin consultar previamente a los beneficiarios ni a sus representantes.
La República en GoogleLa relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, alertó sobre las amenazas a la independencia judicial y la reducción de las medidas de seguridad del magistrado Jorge Luis Salas Arenas y su familia, sin consultar previamente a los beneficiarios.
En una comunicación dirigida al Gobierno peruano el 18 de agosto de 2026, Sattterthwaite señaló las nuevas presiones políticas ejercidas mediante declaraciones públicas y redes sociales contra miembros del sistema de justicia, la apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces y la reducción de las medidas de protección para Salas Arenas, quien preside la Sala Penal de Transición de la Corte Suprema de Justicia.
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Reducción de medidas de seguridad de Salas Arenas
La representante de la ONU recordó que ya había expresado preocupación por la situación de Salas Arenas en diciembre de 2021, cuando remitió una comunicación al Estado peruano sobre actos de hostigamiento, persecución política, amenazas contra su integridad física y su posible destitución, sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha respondido aquella comunicación.
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Según indicó, la Policía Nacional del Perú, el 9 de julio de 2026, decidió reducir las medidas de seguridad de Salas Arenas y su familia. El equipo de protección pasó de 14 a ocho agentes y se retiraron los vehículos de seguridad asignados, sin consultar previamente a los beneficiarios ni a sus representantes.
De acuerdo con la carta, la reducción se habría sustentado en evaluaciones internas de riesgo que consideraron que Salas Arenas ya no ocupaba la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que no se habían registrado amenazas directas desde diciembre de 2025.
Sin embargo, Satterthwaite advirtió que esas evaluaciones no fueron comunicadas al magistrado ni a sus representantes, lo que les impidió solicitar una revisión independiente o aportar información relevante para determinar el nivel de riesgo.
La relatora consideró que la medida parece incompatible con las disposiciones provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023 cuando el tribunal reconoció que Salas Arenas y su familia afrontaban una situación de riesgo extremadamente grave y urgente, por lo que exigió al Estado peruano mantener y reforzar su protección en consulta con ellos.
De acuerdo con la investigación de la relatora, los riesgos persisten debido a los ataques públicos, las campañas de desinformación y la estigmatización relacionadas con su anterior función electoral, además de los riesgos derivados de su labor como juez supremo.
Hostigamiento contra jueces que inaplicaron Ley 32107
Satterthwaite también expresó preocupación por los procedimientos disciplinarios iniciados por la JNJ contra jueces que decidieron inaplicar la Ley 32107, vinculada a la prescripción de delitos contra la humanidad, o rechazaron solicitudes de amnistía basándose en normas internacionales de derechos humanos.
Según sostuvo, las discrepancias sobre la interpretación de la ley deben resolverse mediante los recursos procesales correspondientes y no a través de sanciones disciplinarias.
En ese sentido, resaltó que el derecho internacional de los derechos humanos no permite amnistías ni medidas equivalentes que impidan investigar y sancionar crímenes contra la humanidad u otras violaciones graves de derechos humanos.
También subrayó que estos crímenes no están sujetos a prescripción. Por lo tanto, explicó, sancionar a jueces por aplicar las normas internacionales podría afectar su independencia y el derecho de las personas a ser juzgadas por tribunales imparciales.
Satterthwaite advirtió que, de confirmarse los hechos denunciados, estos serían incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y podrían perjudicar el derecho a un juicio justo.
Solicitud al Gobierno peruano
Por ello, solicitó al Gobierno peruano información adicional sobre las denuncias expuestas, las medidas adoptadas para proteger a Salas Arenas y su familia, así como las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los jueces frente a presiones externas y posibles procedimientos disciplinarios injustificados.
La relatora también instó al Estado a revertir medidas legislativas que, a su juicio, debilitan los avances en justicia transicional y a garantizar que los magistrados puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias.
