Esterilizaciones forzadas: víctimas rechazan el archivo fiscal y exigen justicia para más de 4.000 mujeres

Las víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen de Alberto Fujimori, acompañadas por organizaciones de derechos humanos, rechazaron el archivo de la investigación contra 52 procesados, ordenado por la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional. Entre los investigados figura el actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga, quien ocupó los cargos de viceministro y ministro de Salud en esa época.

Ante este fallo, las sobrevivientes exigen justicia para las más de 4.000 mujeres comprendidas en la investigación y anunciaron acciones legales para revertir una medida que busca dejar estos crímenes en la impunidad.

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La voz de las sobrevivientes: "No es justicia, es una indignación"

Al inicio de la conferencia, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, advirtió que esta medida bloquea el acceso a la justicia de miles de mujeres de 22 regiones y, además, contradice los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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"Estamos hoy en esta conferencia de prensa en rechazo a la resolución de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial, que pese a reconocer que las esterilizaciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad (...) ha dispuesto su archivamiento gracias a esta ley de la impunidad, la Ley 32107".

Durante el pronunciamiento conjunto, las afectadas alzaron su voz para denunciar el abandono del Estado y las graves secuelas físicas y emocionales que arrastran desde hace tres décadas.

Maribel Meza Gómez, representante de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Flor de Jano (Cusco), expresó el sentir de sus compañeras y señaló que el archivo las deja sumidas en la discriminación.

"En este momento nos encontramos frente a ustedes, pero con un corazón bien dolorido. (...) Esa ley tiene que anularse, porque esa ley no nos da ningún favor, nos está negando nuestros derechos. (...) Nosotros estamos luchando por una causa, no estamos caminando con mentiras, porque en nuestros cuerpos tenemos esas heridas. No estamos caminando por gusto".

Por su parte, Dionicia Calderón, sobreviviente de Ayacucho, relató las condiciones a las que fueron sometidas miles de mujeres en las postas y centros de salud de las zonas más alejadas del país.

"Nos llevaron como animales en un camión al hospital. En el piso hemos estado como animales gritando con dolor, vomitando, pidiendo auxilio, pero en ese momento nadie aparecía. (...) Para mí esto no es justicia, para mí es un infarto, para mí es una indignación. ¿Cuándo los peruanos y peruanas vamos a dejar de sufrir este atropello?"

Apelación e instancias internacionales

Desde el ámbito jurídico, las organizaciones que respaldan a las sobrevivientes anunciaron acciones inmediatas para revertir el fallo.

Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), indicó que la propia resolución fiscal aporta elementos que pueden respaldar la apelación. Recordó que la Sala de Derechos Humanos de la Corte Suprema ya ha inaplicado la Ley 32107 en más de 50 casos previos.

"Nos corresponde hacer una acción inmediata: estamos trabajando la elevación de actuados para que esta decisión sea revisada por un fiscal superior de Derechos Humanos", indicó, agregando que el caso será elevado a la Comisión y a la Corte IDH.

En tanto, Rocío Silva Santisteban, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (DEMUS), cuestionó el archivo pese a las pruebas recopiladas en el expediente. "El fiscal individualiza a las víctimas, individualiza a los perpetradores y plantea las pruebas específicas. ¿Por qué si plantea todo eso, archiva y no toma la decisión valiente de seguir adelante? Nos deja elementos sólidos en este documento para pedir que se anule el archivo", sostuvo.

Una resolución contradictoria: reconoce el delito pero archiva el caso

Firmada el último 22 de octubre, la resolución fiscal reconoce formalmente que las intervenciones quirúrgicas masivas realizadas entre 1990 y 2000 se practicaron "sin el consentimiento libre, previo, pleno e informado de las agraviadas" y se clasifican jurídicamente como delitos de lesiones graves, incluyendo cinco casos de muerte, en referencia a las víctimas fallecidas Celia Ramos, Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, Reynalda Betalleluz y María Genoveva Espínola.

Asimismo, el documento admite que estas prácticas constituyeron un crimen de lesa humanidad, al haberse ejecutado como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil en el marco de una política de Estado.

La investigación detalla cómo el Ministerio de Salud, bajo la gestión de ministros como Marino Costa Bauer, exigió metas de esterilizaciones y promovió 'Festivales de la Salud', cuyos reportes e informes de avance —que superaban las 38.000 intervenciones hacia 1997— llegaban directamente al despacho presidencial de Alberto Fujimori.

Pese a individualizar a 4.172 personas agraviadas en 22 regiones del país —con mayor incidencia en Cusco y San Martín— y dejar constancia de la responsabilidad de altos funcionarios y médicos, el fiscal aplicó la Ley 32107, la cual prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002, una norma promovida por el fujimorismo para cerrar la causa penal.

Amnistía Internacional rechaza el archivo: "Los delitos de lesa humanidad no prescriben"

A las reacciones de las organizaciones nacionales se sumó el pronunciamiento de Amnistía Internacional, organismo que rechazó la disposición del Ministerio Público al considerar que vulnera los tratados internacionales suscritos por el Perú.

"Recordamos que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Por ello, aplicar la Ley N.° 32107 a estos crímenes desconoce el derecho internacional y las obligaciones del Estado peruano de investigar y sancionar estas graves violaciones de derechos humanos, perpetuando la impunidad", advirtió la organización.

Asimismo, la entidad internacional indicó que las víctimas continúan exigiendo una respuesta estatal. "Las víctimas de esterilizaciones forzadas llevan más de 20 años en su lucha por justicia. El Estado peruano no puede seguir postergando su derecho a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición".