Colcabamba: 12 meses de prisión para 8 militares que mataron a 5 jóvenes
Fiscalía acreditó ante el juzgado que los acusados se excedieron en el uso de la fuerza, no tuvieron el propósito de detener a las víctimas e intentaron modificar la escena del crimen para presentar a las víctimas como supuestos narcotraficantes.
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La negativa de los efectivos del Ejército a declarar ante la fiscalía sobre las circunstancias del asesinato de cinco civiles en Colcabamba (Tayacaja, Huancavelica) fue determinante en la decisión del juez, que dispuso 12 meses de prisión preventiva para los ocho militares y así garantizar la continuidad de las investigaciones.
El fiscal Jhoel Chamorro Makukachi señaló al juez José Matos Centeno que los peritajes balísticos indican que todos los imputados dispararon hacia la camioneta y que incluso contra los testigos y sobrevivientes que se acercaron al vehículo detenido, para luego seguir usando sus fusiles.
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En la audiencia, que inició el viernes 19 y terminó el sábado 20 a las 6.30 a. m., la defensa de los uniformados solicitó declarar en "reserva" la audiencia porque supuestamente manejaban "información de inteligencia", lo que fue rechazado por el juez Matos.
No estaba en discusión el operativo militar, sino determinar la responsabilidad por el delito de homicidio calificado, como señala la imputación del fiscal Chamorro.
EXHIBICIÓN DE EVIDENCIAS
La patrulla del Ejército que cometió el crimen el 25 de abril estuvo conformada por el capitán EP Luis Montenegro Pardo, el teniente EP Brayan Fernández Dett y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Jorge Aguilar García, Américo Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.
La fiscalía presentó en la audiencia las actas de entrega de armamento y municiones, documentos que acreditan que los militares recibieron fusiles de asalto de fabricación belga Scar-L de calibre 5,56, granadas y equipo táctico.
Con ello, se demuestra que los imputados contaban con armamento letal asignado oficialmente para la operación.
Se han incorporado las actas de intervención policial y de ocurrencia, que describen el desarrollo del operativo militar del 25 de abril del 2026 y descartan que ocurrió un enfrentamiento armado, como alegaron falsamente los militares.
FUERON DISPAROS LETALES
Otro grupo importante de elementos son las actas de levantamiento de cadáveres y necropsias, que detallan que las víctimas murieron por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, principalmente en zonas vitales como la cabeza y el tórax, además del número elevado de impactos en cada cuerpo.
Esto sustenta la tesis de homicidio y tentativa de homicidio.
La decisión del juez José Matos de ordenar la prisión preventiva de los militares sería un primer paso para encontrar justicia por el asesinato del ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia (25) y de los peruanos Wilder Romero Sevipaucar (32), Jaime Bendezú Paraguay (28), William Núñez Soto (19) y Cristian Vilcatoma Águila (18).
La defensa de los efectivos señaló que estos cumplieron con una orden de intervenir a un grupo de narcotraficantes que planeaba transportar 500 kilos de droga por la zona de Colcabamba. El peritaje al vehículo no detectó cocaína.
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