Ministerio Público: Tomás Gálvez juramenta como nuevo fiscal de la nación para el periodo 2026-2029
Durante su discurso, Gálvez criticó el presupuesto del Ministerio Público, señalando la disparidad en la asignación de fondos respecto al Poder Judicial.
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Tomás Gálvez juró como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029 en una ceremonia realizada en la sede del Ministerio Público. El titular de la Fiscalía puede reelegirse por dos periodos adicionales.
Durante su discurso, Gálvez mencionó algunos de los principales desafíos que enfrenta la institución. “Hemos asistido a situaciones confrontacionales que debemos superar en la relación entre las instituciones del Estado”, señaló.
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Asimismo, cuestionó el presupuesto asignado al Ministerio Público, al considerarlo menor a lo esperado.
“En el Ministerio Público somos cerca de 28,000 trabajadores, con 9,000 fiscales, y se nos asignan 280 millones de soles. En el Poder Judicial hay 25,000 trabajadores y 5,000 jueces. Nuestra actividad es más costosa; sin embargo, a ellos se les asignan 4,500 millones de soles”, afirmó.
Esta crítica también fue planteada anteriormente por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación, pese a cuestionamientos
Durante su periodo como fiscal interino, la gestión de Gálvez ha sido ampliamente cuestionada. Las principales críticas se centran en la desactivación de equipos clave de investigación, como Lava Jato, Los Cuellos Blancos, Eficcop y el equipo encargado de casos vinculados a víctimas de protestas sociales.
En enero, tomó decisiones polémicas al archivar investigaciones relevantes. Entre ellas, el caso contra la fiscal suprema Patricia Benavides y miembros de la JNJ, así como la investigación contra la expresidenta Dina Boluarte por la presunta omisión de funciones durante los incendios forestales de 2024, donde murieron más de 20 personas. Según las resoluciones, no se hallaron pruebas suficientes para establecer responsabilidades penales.
En febrero, continuaron las controversias. Gálvez archivó la denuncia contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y además fue beneficiado con el archivo de una acusación en su contra por presunta organización criminal. A esto se sumaron cuestionamientos por no apelar una decisión de la Corte Suprema que rechazó declarar ilegal a Fuerza Popular, pese a que el Ministerio Público tenía plazo para hacerlo.
