Comisión Permanente cita a Delia Espinoza este 17 de diciembre para evaluar su segunda inhabilitación
La Comisión Permanente revisará un nuevo informe que propone una segunda inhabilitación contra Delia Espinoza, pese a que ya fue sancionada por el Congreso. La sesión incluirá su descargo
La República en GoogleEl Congreso, a través de la Comisión Permanente, ha citado a Delia Espinoza para este 17 de diciembre con el fin de evaluar un segundo dictamen que recomienda otra inhabilitación por diez años. La convocatoria busca escuchar el descargo de la exfiscal antes de que la denuncia avance hacia el Pleno. Esta revisión ocurre apenas días después de la primera sanción aprobada por el Legislativo.
El nuevo expediente atribuye a Espinoza la presunta vulneración de la inviolabilidad parlamentaria. La exfiscal presentó una denuncia penal contra once legisladores por aprobar una ley que les permitiría acumular beneficios pensionarios. Ese trámite fue interpretado por el Parlamento como una afectación al fuero legislativo y como una extralimitación de funciones.
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La sesión de la Comisión Permanente ha sido programada para definir si el informe final se remite al Pleno. La defensa de Espinoza podrá intervenir de manera presencial o virtual. El equipo legal sostiene que el proceso tiene vicios constitucionales y que se estaría incurriendo en una persecución política debido a decisiones adoptadas durante su gestión en el Ministerio Público.
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Grupo Iberoamericano de Justicia y Democracia rechaza inhabilitación de Delia Espinoza
El Grupo Iberoamericano de Justicia y Democracia (GIJD) expresó preocupación por la inhabilitación de Delia Espinoza, señalando que el Congreso peruano estaría utilizando sus facultades de control político para debilitar la independencia del Ministerio Público. La organización cuestionó la rapidez del proceso parlamentario y advirtió que decisiones de este tipo pueden afectar la institucionalidad democrática.
El GIJD recordó que los sistemas de justicia requieren protección frente a presiones políticas. Por ello, instó a las autoridades peruanas a garantizar el debido proceso y a evitar que las sanciones disciplinarias se conviertan en herramientas para interferir en investigaciones o decisiones fiscales. También subrayó que el combate a la corrupción debe darse dentro del marco constitucional y sin vulnerar la autonomía de los órganos de justicia.
La organización internacional llamó al Parlamento a actuar con transparencia y apego a estándares internacionales. Recalcó que cualquier medida contra una exautoridad fiscal debe estar sustentada en criterios técnicos, no en motivaciones políticas. Finalmente, insistió en que el caso de Espinoza podría abrir un precedente peligroso si se consolida como un mecanismo para sancionar a fiscales cuyas decisiones incomoden al poder político.
