Política

Keiko Fujimori y el caso Cócteles: todos los detalles de la nueva acusación contra la lideresa de Fuerza Popular y allegados

El caso incluye a otros colaboradores cercanos de Fujimori y varias personas jurídicas. El 10° Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria revisará la acusación antes de un posible juicio contra la lideresa de Fuerza Popular y allegados.

Keiko Fujimori podría enfrentar más de 30 años de prisión con esta nueva acusación | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Keiko Fujimori podría enfrentar más de 30 años de prisión con esta nueva acusación | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Luego de que el Tribunal Constitucional decidiera anular el juicio oral contra Fujimori al aceptar el recurso interpuesto por José Chlimper, el Ministerio Público -a través de su Equipo Especial Lava Jato, liderado por José Domingo Pérez y Rafael Vela- presentó una nueva acusación contra Keiko Fujimori y otros allegados por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal.

Pero los detalles no alcanzan únicamente a la heredera de la dictadura fujimorista. Otras personas -jurídicas y naturales- también enfrentarán la acusación formulada por los fiscales.

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 Acusación contra Keiko Fujimori formulada por la Fiscalía | Foto: La República

Acusación contra Keiko Fujimori formulada por la Fiscalía | Foto: La República

Caso Cócteles: ¿En qué consiste la nueva acusación de la Fiscalía?

La Fiscalía ahora pide 35 años y 730 días de multa contra Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos con agravante de organización criminal. Pero, ¿qué quiere decir este delito y porque es citado en esta nueva acusación contra Fujimori y compañía?

Pues bien, antes que nada debe entenderse un detalle: la fiscalía atribuye el delito de lavado de activos con organización criminal, al considerar que los hechos fueron realizados por diversas personas que sé organizaron para cometer el acto ilícito. El delito de lavado de activos es cuando alguien oculta, disfraza o convierte dinero o bienes que vienen de actividades ilegales (como corrupción, narcotráfico o extorsión) para que parezcan legales.

Según señala la Fiscalía, en este caso, los miembros de Odebrecht entregaron dinero en efectivo (que obtuvieron de forma ilegal) para que Fujimori pudieran pagar publicidad durante la campaña electoral de Fuerza 2011 y de Fuerza Popular en el 2016. Al hacer estos pagos, procedieron a “lavar” ese dinero, es decir, meterlo en la economía formal para que pareciera legal y así ocultar de dónde venía realmente. De esta manera, el partido fujimorista habría sido parte del esquema criminal que comenzó en la empresa brasileña.

Pero todavía queda un delito por explicar. Y es que la acusación agrega los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Esto quiere decir que, bajo las hipótesis de la Fiscalía, se consideró que los acusados mintieron y falsificaron información al sustentar los gastos ante los organismos electorales y durante la posterior fiscalización de sus declaraciones.

Los dirigentes de Fuerza Popular acusados

En esta nueva acusación, vuelven a aparecer los nombres de los más cercanos colaboradores de Keiko Fujimori Higuchi como: Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper, Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, Augusto Mario Bedoya Camere, Mark Vito, Ana Cecilia Matsuno Fuchigami, Giancarlo Bertini Vivanco, Hugo Tasayco Mendoza, Juan Carlos Luna Frisancho, Luis Alberto Mejía Lecca, Rafael Arcángel Herrera Mariños y las personas jurídicas Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C.

Definitivamente, la acusada que se roba los reflectores es Keiko Fujimori, la lideresa fujimorista cuenta con una de las bancadas más prominentes dentro del Congreso y su influencia en la política nacional durante los últimos años es innegable. Según la fiscalía, Fujimori habría liderado la organización criminal que buscaba limpiar los rastros de ilegalidad del dinero de Odebrecht.

La estructura criminal se complementa con nombres específicos: Jaime Yoshiyama y José Chlimper. La Fiscalía apunta que el rol que ambos habrían mantenido es del de captar fondos ilícitos para su posterior "lavado". Por otro lado, Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, también es parte de los acusados. La empresa MVV Bienes Raíces, la otra persona jurídica acusada por la Fiscalía, es de su propiedad. Vito también habría tenido un rol en la captación de dinero ilegal.

Otro dato no menor es que, según la Fiscalía, hay pruebas de que la empresa brasileña Odebrecht participó en obras públicas en Perú desde los años 90 hasta el 2011. Ya que durante ese tiempo, personas como Keiko Fujimori y otros acusados ocuparon cargos importantes como congresistas, ministros o, en el caso de la lideresa fujimorista, primera dama. Por esos cargos, se supone que ellos sabían —o al menos podían sospechar— que Odebrecht estaba involucrada en actos de corrupción para conseguir contratos de obras públicas. La Fiscalía considera que el rastro de la corrupción, parte, en esencia, desde los inicios de la dictadura fujimorista.

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Caso Cócteles: investigados quedan fuera de la nueva investigación

Pero también hay personas que estuvieron involucradas en el caso que ahora pueden tomar un respiro. Se trata de los investigados para los que la fiscalía ha solicitado al Poder Judicial el sobreseimiento, esto quiere decir, el archivo total de dichas investigaciones. Estos son: Vicente Ignacio Silva Checa, Carmela Paucar Paxi, Erika Christie Yoshiyama Koga, Antonietta Ornella Gutiérrez Rosati, Jorge Alfredo Trelles Montero, José Ricardo Martin Briceño Villena y Luis Brussy Barboza Dávila.

Además, Efraín Goldenberg Schreiber, Milagros Doris Maravi Sumar, Raúl Ernesto Maravi Sumar, Carlos Rogelio Luna Venero, Carlos Kenji Blanco Matzuno, Miguel Mikio Blanco Matzuno, Carlos Miguel Blanco Oropeza, Johanna Mitsuko Myers o Johanna Sasaki, Melissa Keiko Sasaki, Walter Rengifo Saavedra, Ytalo Ulisis Pachas Quiñones y Nolberto Rimarachin Díaz.

Silva Checa, quien en el pasado recibió dos millones de dólares de la dictadura fujimorista de manos de Vladimiro Montesinos con el objetivo de comprar el 'Canal Cable de Noticias' como testaferro y limpiar así la imagen del régimen, fue acusado de ser el asesor de Keiko Fujimori y tener voz y voto dentro de la cúpula criminal de Fuerza 2011.

Según la Fiscalía, a Silva Checa no se le pueden hacer cargos porque el Tribunal Constitucional -previamente al resolver el caso de José Chlimper- dijo que no se pueden usar algunos hechos que sirven para explicar la acusación en su contra. La acusación se debe sustentar en pruebas de los hechos que fueron el objetivo de la investigación y que están descritos en la acusación.

Ahora, corresponderá al 10° Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria realizar el control de la acusación a fin de que el proceso pasé a nuevo juicio público. La defensa de los acusados se opondrán y buscarán destruir la acusación del fiscal. El proceso será largo y tedioso.

 Solicitud de sobreseimiento a Vicente Silva Checa | Foto: La República.

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