Política

Dina Boluarte seguirá investigada por caso Cofre: PJ desestima apelación presentada por la presidenta

La Sala Penal Permanente confirmó la vigencia de la investigación preliminar contra la mandataria por presunto encubrimiento personal, tras rechazar el recurso que buscaba cerrar el caso.

Dina Boluarte seguirá siendo investigada por caso Cofre. Foto: Composición LR.
Dina Boluarte seguirá siendo investigada por caso Cofre. Foto: Composición LR.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema presidida por el juez César San Martín desestimó la apelación presentada por la presidenta Dina Boluarte y dispuso que continúe la investigación preliminar en su contra por el denominado caso Cofre. La mandataria es investigada por presunto encubrimiento personal, al ser señalada de haber facilitado la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, utilizando un vehículo oficial y la investigación también comprende al censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez.

El recurso presentado por la defensa de Boluarte buscaba cerrar la investigación y alegó que ya había vencido el plazo inicial de 90 días dispuesto por la Fiscalía. Sin embargo, la sala consideró que existen elementos suficientes para continuar con la pesquisa, dado el carácter complejo del caso y la gravedad de las acusaciones. San Martín, emitió el fallo, luego de oír al abogado de jefa de Estado, quien precisó que el 16 de mayo se presentó la denuncia constitucional contra su patrocinada y agregó que no se están respetando los derechos, garantías y normas constitucionales con principios de objetividad en el proceso contra Boluarte.

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Según la hipótesis fiscal, Boluarte habría utilizado el vehículo presidencial conocido como el 'Cofre' para trasladar a Cerrón y así evadir un operativo policial que pretendía capturarlo. La mandataria ha negado en reiteradas ocasiones estas acusaciones y calificó la investigación como un intento de desestabilizar su gobierno.

Sin embargo, nunca aclaró del todo a quién fue a visitar o qué actividad realizó coincidentemente por esa zona. Y en cuanto a Santiváñez, la Fiscalía sostiene que debió informar sobre este supuesto encubrimiento por parte de la presidenta.

En tanto, la desaprobación de Boluarte continúa con una tendencia a la bajada en un contexto marcado por serios cuestionamientos contra su gestión y el rosario de investigaciones en su contra. Cabe recordar que una de las últimas polémicas de su gobierno es el aumento de sueldo aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor de la mandataria y la tarjeta de 5000 soles para sus gastos alimentarios que es extra al sueldo que percibe.

Dina Boluarte: 70% de investigaciones por represión en protestas están en fase preparatoria

Según un comunicado difundido el pasado 4 de julio por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) —relacionadas con las manifestaciones ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte—, el 70% de las investigaciones del Ministerio Público ya se encuentra en etapa preparatoria. Esto significa que en esa fase el fiscal reúne elementos suficientes para sustentar una eventual acusación formal.

En concreto, de las 61 investigaciones activas, 42 ya cuentan con personas imputadas, así como la tipificación de delitos y hechos determinados. Además, el equipo fiscal de Lima 1 presentó dos acusaciones formales ante el Poder Judicial, cuyas audiencias de control se programaron para el 2 y 10 de julio.

Cabe recordar que las protestas contra la gestión de Boluarte dejaron un saldo de más de 50 muertos y cientos de heridos en varias regiones del país. En mayo de este año, la Fiscalía también presentó una denuncia constitucional contra la mandataria por presuntas lesiones graves.

Por otro lado, el Ministerio Público informó que en enero de este año la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023. El objetivo fue reafirmar el compromiso de continuar con las investigaciones en todo el territorio nacional y garantizar el acceso a la justicia para los afectados.

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