Jaime Chincha sobre posición del Gobierno ante Patricia Benavides: ¿Cuál es el afán para tomar posición a favor?
El periodista cuestionó el apoyo del Ejecutivo hacia Benavides, a pesar de los serios cargos de abuso de autoridad en su contra y las investigaciones que enfrenta la presidenta Dina Boluarte.
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En la última edición de 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha criticó abiertamente la postura del Gobierno de Dina Boluarte frente a la situación judicial de Patricia Benavides, suspendida por el Poder Judicial por 24 meses. El conductor cuestionó el evidente respaldo del Ejecutivo hacia la exfiscal de la Nación, pese a los graves cargos que enfrenta por corrupción y abuso de autoridad.
"¿Cuál es el afán el interés de un gobierno que debiese mantenerse neutral o en todo caso apoyar la ley, la legalidad, la Constitución, el marco normativo? ¿Cuál es el afán de un gobierno como el de ella como el de Dina Boluarte para tomar posición en favor de Patricia Benavides a la luz de las investigaciones fiscales que enfrentan la presidenta, Santiváñez y otros? Es bien obvia la respuesta, ¿no? Es muy obvio todo y descarado", precisó.
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Chincha remarcó que el papel del Gobierno debería ser garantizar el respeto a la institucionalidad y no alinearse con una figura tan cuestionada como Benavides. Recordó que tanto la presidenta Boluarte como su entorno más cercano, incluido el exministro Juan José Santiváñez, están bajo investigaciones fiscales, lo que, a su juicio, explicaría el respaldo político a la suspendida fiscal.
Patricia Benavides apeló el fallo del PJ que la suspende por 24 meses
La defensa de Patricia Benavides presentó un recurso de apelación contra la medida judicial que la suspende por 24 meses como fiscal suprema y fiscal de la Nación. El documento fue ingresado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Segismundo León, quien dictó la medida tras advertir indicios de delitos como cohecho, abuso de autoridad y encubrimiento, los cuales afectan la integridad del sistema de justicia.
Los abogados de Benavides —entre ellos Jorge del Castillo y Humberto Abanto, figuras vinculadas a intereses políticos— sostienen que se ha vulnerado su derecho al debido proceso. Sin embargo, evitan pronunciarse sobre el fondo de las graves imputaciones que pesan sobre su defendida. También cuestionan la actuación del Poder Judicial, pese a que el fallo responde a una solicitud de la propia Fiscalía.
La apelación será evaluada por la Sala Penal Permanente en un plazo estimado de tres semanas. Mientras tanto, Benavides permanece fuera del cargo, pero su entorno político y legal insiste en desacreditar la decisión judicial. Todo esto ocurre en medio de una creciente presión del Ejecutivo y sectores conservadores para reinstaurarla, pese a las investigaciones que la vinculan con una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.
