Martín Vizcarra ya no podrá ser candidato presidencial en las Elecciones 2026: JNE retiró su afiliación a Perú Primero
El expresidente ya no figura como afiliado a ninguna organización política tras la resolución del Congreso que dispuso su inhabilitación de la función pública.
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El expresidente Martín Vizcarra ya no podrá postular a las Elecciones 2026. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ejecutó la disposición del Congreso de inhabilitar de la función pública por 10 años a Vizcarra Cornejo, quien fungía de candidato presidencial del partido Perú Primero.
La acción fue comunicada por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) y también anunció que se retiról exministro de salud Víctor Marcial Zamora y Freddy Ronald Díaz de sus respectivas afiliaciones a organizaciones políticas.
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Comunicado del JNE. Foto: JNE
Como parte del proceso, la DNROP ofició a los personeros legales de las agrupaciones políticas Perú Primero, Ahora Nación y al movimiento regional Pasco Verde para comunicar la ejecución de la referida disposición legislativa.
Asimismo, la institución precisó que antes de proceder con el retiro de las afiliaciones, solicito al Parlamento la relación de las personas en condición de inhabilitación y, posteriormente, reportó ello con el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para conocer si las decisiones dictadas por el Poder Legislativo aún eran vigentes.
Martín Vizcarra ya no podrá militar en ningún partido
De acuerdo con el abogado especialista en derecho electoral José Naupari, tras la acción del JNE, Vizcarra Cornejo no podrá ni siquiera militar en un partido político.
El expresidente Vizcarra cuenta con dos inhabilitaciones ordenadas por el Legislativo. La primera está relacionada al caso Vacunagate y es por diez años, mientras que la segunda es por una infracción constitucional cuando ejerció el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones y es por cinco años. Suma en total 15 años de inhabilitación de la función pública.
No queda ahí. El expresidente enfrenta la posibilidad de una tercera inhabilitación por el cierre del Congreso de la República en el 2019. La Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda su inhabilitación por diez años.
Martín Vizcarra anuncia que acudirá a la Corte IDH para anular su inhabilitación: “El próximo año seré candidato”
Tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de eliminarlo del padrón de afiliados de su partido político Perú Primero, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, emitió un comunicado de más de dos minutos en el cual aseguró que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) para anular su inhabilitación política, pues aseguró que todo se trataría de una estrategia política en su contra.
"Esta no es una decisión burocrática, es parte de una estrategia política mayor donde los grupos económicos de poder y los grupos políticos de poder no quieren permitir que el pueblo decida el futuro del país en las elecciones del próximo año 2026", precisó.
En esa línea es que Vizcarra se dirige a los militantes de su partido y a los peruanos que creen en él, para asegurar su candidatura para el 2026. "Vamos a revertir esta inhabilitación abusiva y tengan la seguridad que el próximo año seremos candidato a la presidencia del Perú y ustedes, el pueblo definirán quién será su próximo gobernante", enfatizó.
Irregularidades de la denuncia constitucional
Sobre este último proceso, el informe de Héctor Ventura sostuvo que la disolución del Congreso fue inconstitucional porque una resolución del Tribunal Constitucional (TC) del 2023 señaló que no existe la figura de la denegación fáctica de la confianza. Sin embargo, el dictamen omite que el tribunal ya se pronunció sobre ese caso en 2020 y validó la decisión del gobierno de Vizcarra.
Martín Vizcarra disolvió el Congreso en 2019 luego que su entonces premier Del Solar hizo cuestión de confianza para cambiar modalidad de elección del nuevo TC. El Pleno se rehusó y el Gobierno consideró que en la práctica la confianza había sido denegada. Así tomó la decisión de la disolución.
Sin embargo, Ventura interpretó la resolución del TC del 2023 de manera retroactiva para alegar que la disolución fue inconstitucional porque no existe la figura de la denegación fáctica de la confianza.
