Martín Vizcarra anuncia que acudirá a la Corte IDH para anular su inhabilitación: “El próximo año seré candidato”
Luego que el Congreso inhabilitara de la función pública por 10 años a Martín Vizcarra, el JNE lo excluyó del padrón de afiliados del partido político Perú Primero.
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Tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de eliminarlo del padrón de afiliados de su partido político Perú Primero, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, emitió un comunicado de más de dos minutos en el cual aseguró que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) para anular su inhabilitación política, pues aseguró que todo se trataría de una estrategia política en su contra.
"Esta no es una decisión burocrática, es parte de una estrategia política mayor donde los grupos económicos de poder y los grupos políticos de poder no quieren permitir que el pueblo decida el futuro del país en las elecciones del próximo año 2026", precisó.
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En esa línea es que Vizcarra se dirige a los militantes de su partido y a los peruanos que creen en él, para asegurar su candidatura para el 2026. "Vamos a revertir esta inhabilitación abusiva y tengan la seguridad que el próximo año seremos candidato a la presidencia del Perú y ustedes, el pueblo definirán quién será su próximo gobernante", enfatizó.
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Irregularidades de la denuncia constitucional
El informe del congresista Héctor Ventura afirma que la disolución del Congreso en 2019 fue inconstitucional, basándose en una resolución del Tribunal Constitucional (TC) emitida en 2023, la cual descarta la figura de la denegación fáctica de la confianza. No obstante, el dictamen omite un dato clave: en 2020, el propio TC ya había validado la decisión del entonces presidente Martín Vizcarra de cerrar el Parlamento.
Vizcarra tomó esa medida tras considerar que el Congreso, al negarse a debatir la cuestión de confianza planteada por el entonces primer ministro Salvador del Solar —para modificar el proceso de elección de magistrados del TC—, había rechazado la confianza de manera implícita. Sin embargo, Ventura recurre a una interpretación retroactiva del fallo de 2023 para sustentar que la disolución carecía de base legal, pese al antecedente constitucional que respalda lo contrario.
