Fiscalía formaliza caso contra 11 directivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

Por haber denegado el licenciamiento a la Universidad Alas Peruanas (UAP) mediante la manipulación de información financiera, la Fiscalía Superior Penal de la Segunda Fiscalía Corporativa de Santiago de Surco y Barranco, dispuso formalizar y continuar investigación preparatoria contra el extitular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra Rojas, y otros diez miembros del Consejo Directivo de la gestión del año 2022.

De acuerdo con la resolución fiscal, a los imputados se les atribuye los presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, en agravio tanto de la UAP como del Estado, y contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica, en este caso en agravio de la universidad.

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En 2022, la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu, bajo mandato de Linda Cossío Labrín, denegó el licenciamiento tramitado por la UAP argumentando que las proyecciones financieras presentadas por la universidad no eran positivas, como señalaba la universidad, sino todo lo contrario.

La UAP apeló la resolución de la Sunedu y encomendó una auditoría internacional a sus balances financieros a una entidad privada de prestigio mundial para que emitiera un pronunciamiento.

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La auditoría determinó que la proyección de las cifras financieras de la universidad era positiva, lo que contradecía abiertamente lo que Sunedu concluyó para denegar el licenciamiento.

Sin embargo, señala la fiscalía a cargo del caso, los directores de la Sunedu se negaron a cambiar de posición y mantuvieron la denegatoria de licenciamiento, lo que perjudicó a alrededor de 250 mil estudiantes.

Las autoridades emprendieron acciones legales contra el Consejo Directivo de Sunedu, y como parte de las indagaciones preliminares, la fiscalía requirió a la Policía Nacional un informe pericial contable.

De acuerdo con el peritaje policial, las proyecciones financieras que la UAP presentó a Sunedu eran positivas.

También señaló el estudio técnico policial que Sunedu manipuló las cifras para presentar una falsa proyección negativa.

Precisamente, al momento de evaluar el caso, la Fiscalía Superior señala que “del análisis de los actuados existirían elementos de juicio que dotan de certeza la configuración de dichos delitos (abuso de autoridad y falsedad genérica) y, consecuentemente, el presunto actuar ilícito de los denunciados”.

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En la misma resolución se resalta que: “Sunedu habría manipulado información al señalar que las proyecciones financieras presentadas por la UAP no le permitían contar con una disposición financiera ni disponer de los recursos necesarios, (por lo que) los denunciados habrían alterado las proyecciones del flujo de caja operativo, llegando a una falsa conclusión con la aparente intención de perjudicar a la universidad”.

Como parte de la formalización de la investigación, el Ministerio Público está en condiciones de solicitar al Poder Judicial medidas como el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los exfuncionarios con el fin de determinar los pormenores de la denegatoria del licenciamiento a la UAP.

Además del exsuperintendente Oswaldo Zegarra Rojas, la indagación alcanza también a Linda Cossío Labrín, Fressia Munarríz Infante, Víctor Peña Rodríguez y Waldo Mendoza Bellido.

También han sido comprendidos Aurelio Ochoa Alencastre, Luis Huicho Oriundo, Jorge González Castillo, Benjamín Marticorena Castillo, Víctor López Aquino y Renzo Fernández Escobar.