Dina Boluarte usa a la PNP para atacar a las ONG: no reconoce que la inseguridad creció en su gestión

Ataque a la asociación civil. En otra sesión del llamativo 'Cuarto de guerra', la presidenta Dina Boluarte atacó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las acusó, sin presentar ninguna prueba, de defender los derechos humanos de los delincuentes. Durante la transmisión en televisión nacional, presentó y utilizó la imagen de dos miembros de la PNP que fueron víctimas de la delincuencia, un problema al que su Gobierno no ha logrado darle solución hasta el momento y que va dejando 554 asesinatos en el año.

Justamente, como parte de una alianza con el Congreso, la ley que busca someter a las ONG y sancionarlas con una multa de 500 UIT si brindan defensa legal a personas que hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, se encuentra pendiente de ser promulgada.

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"Si el efectivo no dispara contra un delincuente, puede terminar herido o lo dejan gravemente herido, pero si en legítima defensa enfrenta a los delincuentes y los abate termina con sentencia. Mientras tanto, los defensores de los derechos humanos de los delincuentes, esas ONG, que viven de exigir impunidad para los criminales, guardan silencio absoluto cuando se trata de un policía herido o asesinado en el cumplimiento de su deber", atacó Dina Boluarte.

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"¿Por qué no dijeron una sola palabra cuando el agente Baltazar?, que pudo perder la vista o el agente torres pudo terminar 10 años preso. Parece que los derechos humanos solo aplica cuando el caído es un delincuente y no cuando es un hombre que viste el uniforme del pueblo que sacrifica su vida por el pueblo. Basta de hipocresías. Está el mundo al revés", añadió la jefa de Estado.

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Ley que somete a las ONG pendiente de segunda votación en el Congreso

El proyecto, que fue aprobado por el Congreso y que somete a las ONG, plantea que será considerado como una infracción grave que una asociación financie actividades que vayan en contra del orden público, la defensa nacional, seguridad ciudadana y orden interno. Es decir, una ONG no podría respaldar una marcha, movilización o plantones.

Asimismo, la propuesta empodera a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y, si esta considera que la ONG financió o asesoró legalmente a una persona que denuncia al Estado en una instancia nacional o internacional, se calificará como una infracción grave y sería multado hasta con 500 UIT y la cancelación de la ONG.

En pocas palabras, no somete y/o elimina el apoyo legal que estas organizaciones puedan brindar a los ciudadanos que fueron víctimas de violación a sus derechos humanos.

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Las agrupaciones que apoyaron esta propuesta de ley fueron Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia.