Estado gastó más de S/6 millones en defensa privada de funcionarios del Mininter, Mindef y Minjusdh

Tan solo en el periodo 2021 - 2024, el Estado gastó más de S/6 millones para costear la defensa privada de funcionarios del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así lo reveló la congresista Ruth Luque, impulsora del proyecto de ley N°10642 que propone eliminar el financiamiento público para la defensa privada de los funcionarios del Estado y, en su lugar, crear una unidad especializada integrada por defensores públicos para esta labor.

En ese contexto, a fin de sustentar su iniciativa legislativa, Luque Ibarra, solicitó el detalle de gastos a los ministerios antes mencionados e hizo públicos los documentos.

De acuerdo con ello, la cartera más beneficiada fue la del Mininter con un total de S/4 230,820, le sigue el Mindef con S/1 540,104 y el Minjusdh con S/661, 500.

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"Los montos que se gastaron se utilizaron para defender a diversos funcionarios, pagando abogados o estudios jurídicos privados montos que oscilan entre 6 mil a 150 mil soles. El exministro Santivañez fue uno de los más beneficiados", precisa la parlamentaria.

Juan José Santiváñez fue uno de los beneficiados con financiamiento del Estado

En el 2024 se le otorgó a Santiváñez Antúnez la defensa de parte del estudio jurídico y contable Miranda & Asociados para que sea representado en el proceso constitucional de Habeas Corpus seguido en su contra. El costo por este servicio es de S/41 000.

Para ese mismo año, figuran dos contrataciones más. Ambas a favor de DDC Consultores. La primera de ellas es para la defensa de Santiváñez en un proceso iniciado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el monto de S/120 000, por presuntamente haber ordenado reglaje al fundador de La Encerrona, Marco Sifuentes.

La segunda es para una investigación a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales por S/150 000. De acuerdo a la hipótesis fiscal, cuando Santiváñez se desempeñaba como abogado habría solicitado 20 mil dólares a un cliente a fin de gestionar un fallo favorable en el Tribunal Constitucional (TC).

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Por otro lado, dentro de las cifras más altas aprobadas en beneficio del Mininter se encuentra la otorgada al teniente general PNP Vicente Marcelo Álvarez Moreno con S/300 000, quien en el 2016 estuvo involucrado el denominado “Escuadrón de la Muerte”, un grupo de policías acusados de asesinatos extrajudiciales en agravio de 33 personas. Asimismo, en el 2014, fue acusado como uno de los responsables en el hurto de combustible en la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Por este último caso, la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años y 4 meses de cárcel.

Otro de los funcionarios beneficiado con un costoso financiamiento es el exministro del Interior Rúben Vargas por S/150 000. Vargas es acusado de presuntamente haber dispuesto de manera arbitraria el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la PNP, lo que afectó gravemente la institucionalidad de la Policía.

Gastos en el Mindef y Minjusdh

Referente a los gastos realizados a favor de funcionarios del Ministerio de Justicia, el desglose es el siguiente: 2021 (S/67.500), 2022 (S/128.300), 2023 (S/191.700), 2024 (S/274.050).

Aquí la cifra más alta es de S/45 000 y está destinada a la defensa y asesoría legal para Ysela Erika Lévano Tacuchi por un monto total de S/ 45,000.00, quien es investigada por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores por presuntas irregularidades cuando desempeñaba su función de servidora civil en el cargo de jefa de la Oficina de Gestión de Inversiones.

Respecto al Mindef, la defensa legal más alta pagado con las arcas del Estado es de S/90 000 y está dirigida a Alexis Rainier Lama Lima, quien trabajó como Director de Logística de la Dirección General de Administración. A él se le imputa un presunto interés en provecho de la empresa The Canadian Comercial Corporation (CCC) durante el ejercicio de su cargo.

Ruth Luque propone que los funcionarios investigados sean patrocinados por la defensa pública

De esta forma, la parlamentaria del Bloque Democrático Popular expuso la relevancia de su propuesta, la cual plantea crear, dentro de la Defensa Pública, una división especializada encargada del patrocinio legal de los funcionarios procesados.

La medida legislativa modifica el artículo 35 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, con relación al derecho del servidor civil de contar con una defensa y asesoría legal en procesos derivados de sus funciones públicas. A la fecha, se considera el patrocinio privado para estos fines.

Luque tiene por objetivo cambiar ello y propone crear la División Especializada en Causas seguidas contra Funcionarios Públicos, al interior de la Defensa Pública, para que "defensores públicos especializados asuman la defensa y asesoría de los funcionarios públicos".

Así, la legisladora busca evitar que "no se otorguen ventajas innecesarias a los funcionarios públicos que, ―con el argumento del ejercicio de su derecho de defensa― generan un gasto público ya que el Estado peruano es quien termina financiando ello".

Una medida similar llegó de parte de su colega de bancada, la congresista Susel Paredes, presentó un proyecto de ley que propone que los funcionarios públicos procesados sean defendidos por parte de los abogados de la Defensa Pública del Estado y no por el sector privado.

Se trata del proyecto de ley N.º 10634 que busca modificar la Ley N.º 30057 del servicio civil y la Ley N.º 29360, sobre el servicio de defensa pública, a fin de regular el acceso de los servidos civiles al servicio de defensa pública. Paredes sustenta su propuesta legislativa en que, durante los últimos años, se ha hecho un uso indebido de los recursos del Estado designados para los abogados de los funcionarios públicos.

Ambos proyectos de ley fueron presentados tras revelarse que el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta es beneficiado con el patrocinio legal privado por el presunto delito de negociación incompatible, el cual tiene un costo de S/80 000.