Pedro Castillo: presentan denuncia constitucional para inhabilitarlo por 10 años por el golpe de Estado

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, con la que busca inhabilitarlo para ejercer la función pública durante 10 años, por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022, cuando Castillo dio un mensaje a la Nación en el que anunció la disolución Congreso y reformar el sistema de justicia.

La solicitud de Cavero a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) se suma al pedido presentado en enero de este año por su colega Alejandro Muñante contra el exjefe de Estado, que también involucra a la ex primera ministra Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta, Roberto Sánchez y Gustavo Bobbio.

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De acuerdo con el documento presentado por Cavero, la denuncia se basa en que el exmandatario infringió los artículos 43, 45, 117, 118 y 143 de la Constitución Política. Según el escrito, se debe imponer esta sanción “por la gravedad de sus actos y en atención a la alta investidura que ostentaba al momento de perpetrar el golpe de Estado”.

En consecuencia, Castillo afronta un juicio oral por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad. Por ello, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que se imponga al exmandatario una condena de 34 años de pena privativa de libertad, la inhabilitación por tres años y seis meses, además de una reparación civil superior a S/65 millones.

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Pedro Castillo: ¿qué dice la denuncia constitucional en su contra?

En el documento de la denuncia constitucional presentado por el legislador Alejandro Cavero, se indica que Pedro Castillo configuró un golpe de Estado, tras anunciar en su mensaje a la Nación la disolución del Congreso cuando se disponían a votar una moción de vacancia en su contra. De igual manera, Cavero señaló que Castillo intentó instaurar un gobierno de Emergencia Excepcional.

"No cabe duda que Pedro Castillo configuró un golpe de Estado, que intentó acabar con todas las instituciones que pudieran defender el orden constitucional y que lo que buscaba era perpetuarse en el poder y gobernar, concentrando todo el poder político en una sola persona. Qué duda cabe, pues, que el intento de cerrar el Congreso y convertir al Perú en una dictadura constituye un gravísimo incumplimiento de sus deberes funcionales y una clara infracción constitucional", se lee en el documento.