Un magistrado del TC se reunió con funcionarios del Mininter para evaluar la Ley N° 32130 y afectó su imparcialidad

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse se reunió el 10 de marzo último con altos funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú para "conocer la posición institucional sobre la constitucionalidad de la Ley N° 32130" que es objeto de dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por el colegio de Abogados de La Libertad y la fiscalía de la Nación, Delia Espinoza.

Lo cual supone que reunió con una de las partes interesadas en el proceso de inconstitucionalidad en trámite. La demanda presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad fue evaluada en audiencia pública el 18 de febrero de 2025 y actualmente se encuentra al voto, para emitir sentencia. La demanda de la fiscalía de la Nación está en pleno trámite.

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En la reunión con Gutiérrez participaron el viceministro de Orden Interno, César Guardia Vásquez; la directora general contra el Crimen Organizado, Silvia De la Cruz Quintana; y el coronel PNP de la División contra el Crimen Organizado, José Manuel Cruz Chamba. "El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer la posición institucional sobre la constitucionalidad de la Ley No. 32130, la situación de la policía y su rol de vinculación con el Ministerio Público", según una nota de prensa del TC.

Posible conflicto de intereses

"Los participantes -dice la nota de prensa- destacaron la importancia de garantizar un equilibrio entre la operatividad de la institución policial y el rol de los fiscales. Asimismo, se subrayó la necesidad de un análisis técnico y jurídico riguroso para evaluar los alcances y efectos de la ley impugnada".

"La imparcialidad judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Implica que los jueces deben resolver los casos sin prejuicios ni intereses personales. La reunión en cuestión genera la percepción de que el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse ha sido influenciado por una de las partes interesadas, lo que afecta su imparcialidad y podría evidenciar un conflicto de intereses", advirtieron fuentes judiciales.

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La imparcialidad y la ética judicial son pilares fundamentales y esenciales para garantizar la confianza pública en el sistema judicial y que se emita una sentencia justa y equilibrada. Por eso, el artículo 8 de la Ley Orgánica del TC establece "que los magistrados deben actuar con independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones", es decir deben evitar verse influenciados por una de las partes sobre las que van a resolver".

Imparcialidad y ética judicial

Es evidente, que el objetivo de los funcionarios del Ministerio del Interior en la reunión con Gutiérrez es lograr que el TC rechace la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 32130 que transfiere a la Policía el manejo de la investigación del delito, relegando a un segundo plano el papel del Ministerio Público.

La reunión del magistrado Gutiérrez Ticse con funcionarios del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú plantea dudas sobre su imparcialidad y ética judicial. "Aunque la reunión tuvo como objetivo discutir cuestiones técnicas y jurídicas, la apariencia de imparcialidad es crucial para mantener la confianza en el sistema judicial. El magistrado Gutiérrez Ticse debería considerar inhibirse del proceso de inconstitucionalidad de la Ley No. 32130, a fin de evitar cualquier percepción de parcialidad", señalan las fuentes.