Poder Judicial observa ley de extinción de dominio del Congreso: Perú vulneraría la lucha contra la corrupción
La Corte Suprema envió un informe técnico a la Comisión de Justicia a fin de que se evalúe la posibilidad de detener este proyecto, que afecta la incautación de bienes de los investigados.
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La Corte Suprema envió un informe técnico a la Comisión de Justicia, presidida por el congresista Isaac Mita, donde argumentó el peligro de que se apruebe en segunda votación el proyecto de ley de extinción de dominio que afectaría la incautación de bienes de los investigados.
"En mérito a las consideraciones expuestas, el Gabinete de Asesores opina que el Texto Sustitutorio del Proyecto de Ley N° 3577/2022-CR desvirtúa la figura jurídica de la extinción de dominio y coloca a Perú en una situación de posible incumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica", se lee.
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El informe destacó que el Proyecto de Ley propone limitar la extinción de dominio únicamente a casos en los que exista una sentencia penal firme y consentida, lo que desvirtuaría la autonomía del proceso. Actualmente, la extinción de dominio no depende de un proceso penal previo, lo que permite actuar de manera más rápida y eficaz contra los bienes de origen ilícito.
La propuesta de modificación podría generar duplicidad de procesos y retrasos, ya que se sometería la extinción de dominio a la conclusión de un proceso penal, lo que podría permitir que los bienes ilícitos sean ocultados, transferidos o destruidos antes de que se pueda actuar sobre ellos.
El informe advierte que las modificaciones propuestas podrían debilitar la lucha contra el crimen organizado y la recuperación de activos ilícitos, lo que afectaría negativamente los esfuerzos del Estado peruano en esta materia.
El Poder Judicial recomienda que el informe sea remitido al Pleno del Congreso para su consideración, especialmente en el contexto de un recurso de reconsideración presentado por la congresista Ruth Luque Ibarra respecto de la primera votación aprobatoria del Proyecto de Ley.
En síntesis, sugieren mantener la autonomía del proceso de extinción de dominio, no limitar su aplicación solo a actividades delictivas y asegurar la confidencialidad en la etapa de investigación patrimonial. Además, proponen tener en cuenta la legislación comparada, considerando las experiencias de otros países como Colombia, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la extinción de dominio se lleva a cabo de forma independiente y no está sujeta a una condena penal.
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Ante este escenario, el magistrado supremo Manuel Luján advierte que, si el proyecto de ley de extinción de dominio se aprueba en segunda votación y es promulgado por el Gobierno de Dina Boluarte, el Perú podría ingresar a una lista gris y, posteriormente, a una lista negra, quedando al margen de entidades internacionales como el FMI o el BID.
El magistrado argumentó que existe un organismo que funciona como el Infocorp de todos los Estados del mundo. Este organismo está dividido en nueve corporaciones a nivel mundial, y la que corresponde al Perú es el GAFILAT, que es la división del GAFI para Latinoamérica.
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Además, Lujan informó que este grupo se encarga de verificar que los países cumplan 40 recomendaciones y entre ellas, la número tres, es que tengan un proceso de extinción de dominio para sacar del mercado todos los bienes que son ilícitos o provenientes de la actividad ilícita. Cada año este organismo revisa los estados y aquel que no cumple primero le lanza una advertencia lo pone en lo que se llama la lista gris.
"Cuando un país entra en esa lista, les advierte a los demás Estados del mundo que no inviertan allí, ya que sus contratos podrían estar en peligro. Además, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Club de París, ni el Banco Internacional de Desarrollo, ni el Banco Interamericano de Fomento— instituciones que funcionan como los bancos de los bancos— garantizarán respaldo financiero. Como consecuencia, ese país se convertirá en un paria, a menos que retome el camino establecido. Si decide ignorar las advertencias, al año siguiente será incluido en la lista negra. Esto es lo que ocurrirá si insisten en seguir por esa vía", dijo para Grado 5 de Epicentro.
Fiscal Espinoza alerta que demanda a ley de extinción del dominio presentada ante el TC dejaría más de 5 mil casos impunes
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, alertó que la demanda de inconstitucionalidad presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra la ley de extinción de dominio ante el Tribunal Constitucional representa un riesgo mayor. Por ello, considera que lo más adecuado sería que se declare infundada.
"Existe un riesgo mayor, que es la demanda presentada ante el TC, la cual esperamos, con optimismo, sea declarada infundada, porque, de lo contrario, favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5 500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley", dijo para RPP.
Finalmente, indicó que confía en que el Tribunal Constitucional emita una decisión acorde con las expectativas de la población, la justicia y el derecho, evitando que delincuentes, incluso prófugos, se beneficien conservando los bienes y el dinero obtenidos de sus delitos y actos de corrupción. El Pleno ha dejado al voto dicha demanda de inconstitucionalidad.
