Juanita Goebertus, de Human Rights Watch: La presidenta Boluarte dejó al Congreso perseguir su propia agenda corrupta

-El 2023 usted señaló que el Congreso está atacando la democracia en Perú, y el informe de HRW sobre el 2024 lo confirma, pero también que la presidenta Boluarte hizo poco o nada por detenerlos ¿Cómo afecta eso al ciudadano de a pie?

En el 2024 vimos cómo el Congreso profundizó su arremetida contra el sistema democrático y el Estado de derecho y buscó debilitar las investigaciones contra el crimen organizado y las violaciones de derechos humanos. Podemos poner dos acciones muy concretas para ejemplificar esto: la decisión en marzo de remover a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia sin ningún respeto al debido proceso, luego reinstaurados por el Poder Judicial, y la modificación a la ley de crimen organizado para restringir la definición del delito. Esto tiene serias implicancias para el día a día de los peruanos. Ante el récord de homicidios que hubo en el 2024, debilitar las capacidades del Poder Judicial y de la Fiscalía únicamente agravan el problema, que se suma a las serias preocupaciones en torno a las extorsiones, los daños al medioambiente y la corrupción. El Gobierno de la presidenta Boluarte dejó al Congreso perseguir su propia agenda corrupta en lugar de hacer valer los derechos de los peruanos.

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-El informe advierte que la inseguridad ciudadana es la principal preocupación de los peruanos, pues se ha incrementado los índices de homicidios, sin embargo, el Ejecutivo acaba de observar la autógrafa para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. ¿No es dar la espalda a las demandas de la población?

Ni el Gobierno de la presidenta Boluarte ni el Congreso han respondido de manera seria al preocupante incremento en los índices de inseguridad. La principal herramienta que utilizó el Gobierno fue decretar estados de emergencia, suspendiendo derechos fundamentales en diversas zonas del país. La presidenta también intentó, sin ninguna evidencia que así lo demuestre, atribuir la inseguridad a los migrantes y solicitantes de asilo de Venezuela. Esto únicamente ha servido para agravar el problema de la xenofobia, muy presente en el Perú, en lugar de trabajar en políticas de seguridad y justicia que sirvan para desmantelar los grupos del crimen organizado que operan en el país. El Congreso, por su parte, ha servido para beneficiar las actividades de esos grupos criminales, con la modificación a la ley de crimen organizado y otras medidas, como el quitarle funciones al Ministerio Público para realizar investigaciones preliminares y ampliar el Reinfo por otros seis meses cuando ha sido una herramienta utilizada por la minería ilegal.

-El Ministerio de Justicia ha denunciado al decano del Colegio de Abogados y dos miembros de la directiva ante el Consejo de Ética de la institución por haber informado a la CIDH que el Congreso y el Ejecutivo están dando normas que ponen en riesgo la institucionalidad. ¿Es un intento de amedrentamiento?

La reacción del Gobierno ante la presencia del Colegio de Abogados en una reunión de la CIDH muestra el clima cada vez más hostil que existe en el país ante la crítica al Congreso y el Ejecutivo. En ese marco, cobra especial relevancia el proyecto de ley “anti-ONG” que el Congreso busca aprobar en el pleno, luego de su aprobación por la Comisión de Relaciones Exteriores, y que daría al Gobierno poderes enormes y discrecionales para sancionar a organizaciones no gubernamentales que reciban fondos desde el exterior. Una legislación de tal calibre, que sigue el ejemplo de leyes en Rusia, Venezuela y Nicaragua, sería un retroceso mayúsculo para las libertades básicas en el país.

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-En el tema de impunidad, si bien ni jueces ni fiscales han aplicado la ley aprobada por el Congreso para limitar el delito de lesa humanidad a hechos cometidos después del 2002, sigue siendo un riesgo para que alcancen justicia los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos de 1980 a 2000. Esto ha ocasionado que algunos congresistas amenacen con denunciarlos ¿Cómo toma esta persecución?

La aprobación de la ley para establecer la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad fue un acto de suma gravedad institucional por parte del Congreso y de la presidenta Boluarte, quien no lo vetó. Tanto el ejecutivo como el Congreso hicieron oídos sordos a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de detener su aprobación por ser contraria a las obligaciones internacionales del Perú. Esta ley impedirá el acceso a la justicia para víctimas tanto de los crímenes cometidos por funcionarios del Estado como por Sendero Luminoso. El Poder Judicial ha respondido a la altura de las circunstancias, rechazando aplicar una norma que entra en violación con el propio ordenamiento peruano. Las amenazas contra jueces y fiscales forman parte de un patrón de acciones por parte del Congreso para limitarlos en sus funciones e incidir en los procesos criminales.

-También han reportado lentitud en la investigación sobre las muertes en las protestas. Si bien la presidenta ha ido a las citaciones se ha acogido a su derecho al silencio y el Congreso no avanza en investigar este caso ¿se puede decir que la están blindando?

Es necesario que las investigaciones sobre las muertes en las protestas incluyan a toda la cadena de mando, también a las autoridades políticas que dieron órdenes, sabían o estaban en una posición de saber lo que estaba ocurriendo. El Ministerio Público, liderado por el equipo especial de fiscales para las protestas, ha ido avanzando en las investigaciones y es probable que haya juicios en un mediano plazo. El Congreso, por su parte, no ha avanzado en la investigación contra la presidenta Boluarte y miembros de su gabinete, lo cual no hace más que acentuar la impunidad.