Gobierno de Dina Boluarte aprueba nuevo pago de defensa legal a favor de Alejandro Toledo
El abogado de Alejandro Toledo ha sido financiado por el Estado Peruano, después de que Antonio Ramos Bernaola, subsecretario general del Despacho Presidencial, aprobara la solicitud presentada por el expresidente.
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El Gobierno de Dina Boluarte aprobó el pasado 1 de octubre un nuevo pago designado para la defensa de Alejandro Toledo. Amparándose en la Ley Servir, el ex presidente solicitó que el Estado peruano continúe pagando a su abogado Roberto Su Rivadeneyra para que lo defienda durante su juicio oral por el caso Interoceánica, tramo 2 y 3.
Como se recuerda, el primer pago aprobado fue por el Gobierno de Pedro Castillo, en el cual se adjudicó un monto de 180.000 soles a favor de la defensa legal de Toledo Manrique. En esta oportunidad, aún no se conoce el monto asignado por el Gobierno de Dina Boluarte.
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Resolución que otorga nuevo pago a la defensa legal de Alejandro Toledo. Foto: difusión
¿Qué es la Ley Servir?
Tras el pedido de Alejandro Toledo, el subsecretario general del Despacho Presidencial, Antonio Ramos Bernaola, emitió la resolución n°000093-2024, en la cual detalla que Toledo se acoge al beneficio de la Ley Servir.
“El servidor civil (expresidentes) tiene como derecho el contar con la defensa y asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales (…) inclusive como consecuencia de encargos, aún cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad”, precisa uno de los párrafos de la resolución.
El Estado pudo negarse
En declaraciones para este diario, el abogado laboral Raúl Saco indicó que si bien la Ley Servir tiene la función de amparar al ex presidente Alejandro Toledo, el actual Gobierno no tiene la obligación de brindarle asistencia de defensa.
“La ley lo permite, pero no es obligación del Estado asignarle una defensa con un costo alto; es decir, si el Gobierno puede asignar una defensa con un menor costo o simplemente desestimar el pedido de Alejandro Toledo en caso no sustente cómo pagar el monto asignado por su condición de investigado”, precisó.
Otros presidentes cuya defensa es pagada por el Estado
El Estado también cubre los costos de la defensa legal del expresidente Ollanta Humala, quien presentó su solicitud en enero de 2023. Después de varios meses, se aprobó el desembolso de S/291.600 mediante una contratación directa para su defensa. Este apoyo se relaciona con una investigación de la Fiscalía anticorrupción por presunta colusión agravada en perjuicio del Estado, según la resolución administrativa N°000019-2024.
Aunque no se detalla el caso específico, el expediente está vinculado al caso del Centro de Convenciones de Lima, el mismo que involucra al ex ministro Milton Von Hesse, quien también recibió una defensa similar en abril de 2023.
Por otro lado, el pasado 15 de octubre, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) asignó 96.000 soles en abril para cubrir la defensa legal de Dina Boluarte, exministra de esa cartera, en una investigación abierta por la Fiscalía. El caso está relacionado con presuntos favorecimientos de contratos del programa Qaliwarma a la empresa Corporación Belcen SAC, por un monto de 4.700.000 soles durante su gestión.
Según un documento al que accedió La República, se aprobó la contratación directa de un abogado especializado en derecho penal, procesal penal y derecho público para la defensa de Boluarte en la investigación por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en perjuicio del Estado.
La propuesta de Eduardo Barriga Bernal, abogado de Mateo Castañeda, fue seleccionada por un total de 96.000 soles, que se pagarán en tres partes, incluyendo tributos y otros costos. Barriga Bernal asumió la defensa de Boluarte luego de que Castañeda, su anterior abogado, fuera investigado en el caso Waykis en la Sombra. Coincidentemente, Barriga Bernal también fue contratado directamente por el caso Qaliwarma, según la resolución N° D000010-2024-MIDIS-SG.
