Congreso debatiría en próxima sesión del Pleno proyecto que busca reducir número de votos en el TC
El proyecto del fujimorismo también busca que las acusaciones constitucionales contra altos funcionarios aprobadas en el Congreso sean irreversibles en el sistema judicial.
El Congreso de la República acordó la composición de la junta de portavoces para el período anual de sesiones 2024-2025, que estará presidida por Eduardo Salhuana Cavides. En este proyecto de ley, se propone reducir el número de votos mínimos requeridos para la aprobación de medidas cautelares y sentencias en procesos competenciales. La modificación de los artículos 110, 111 y 112 establece que, actualmente, se necesitan cinco votos conformes de los magistrados del Tribunal Constitucional para aprobar una medida cautelar; con el cambio, solo se requerirán cuatro. Además, en caso de empate, el presidente del Tribunal tendrá voto decisorio.
El martes 17 de septiembre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó un proyecto de modificación destinado a “fortalecer los fines de los procesos constitucionales”, tal como se establece en el acuerdo de la junta de portavoces. Sin embargo, este cambio implicaría modificaciones que favorecerían al Parlamento en la obtención de medidas cautelares y en la resolución de posibles demandas competenciales, al reducir el número de votos necesarios en el Tribunal Constitucional (TC) para su aprobación.
La parlamentaria Ruth Luque, integrante de la bancada Bloque Democrático Popular, alertó sobre esta situación a través de su cuenta de ‘X’, denunciando una serie de atropellos a la Constitución que se estarían cometiendo en la comisión, que está bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi y dominada por el fujimorismo.
“Disminuyen votos requeridos en el TC para otorgar cautelares y decidir en procesos competenciales. Con ello, el Congreso busca favorecerse asimismo en los conflictos de competencia, teniendo un TC adepto a sus intereses, en desmedro de otros entes como el Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros”, manifestó la parlamentaria.
Cabe resaltar que la Comisión de Constitución aprobó, con 14 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, el dictamen de los proyectos de ley 4145/2022-CR y 4203/2022-MP, que modifican la Ley 31307. Este dictamen agrupa trece iniciativas que buscan reformar el artículo VI del Título Preliminar y los artículos 6, 42, 101, 110, 111 y 112, además de incorporar el artículo 79-A al Nuevo Código Procesal Constitucional.
Rut Luque manifestó sobre esta situación a través de su cuenta de ‘X’. Foto: Difusión.
Grupos Parlamentarios a favor de dicho dictamen
Se registraron 89 votos en la consulta sobre la ampliación de la agenda, de los cuales los siguientes partidos políticos votaron a favor:
- Fuerza Popular
- Alianza para el Progreso
- Podemos Perú
- Perú Libre
- Acción Popular
- Bloque Magisterial de Concertación Nacional
- Somos Perú
- Honor y Democracia
Los partidos políticos que se abstuvieron de votar fueron:
- Renovación Popular
- Avanza País
- Junto por el Perú - Voces del Pueblo
- Bancada Socialista
- Bloque Democrático Popular
Acusaciones constitucionales sin garantías
Este proyecto de ley establece que los jueces no podrán tramitar las demandas presentadas contra las decisiones del Congreso en el ejercicio de su control político y atribuciones. Entre estas prerrogativas se incluye la posibilidad de presentar denuncias constitucionales contra altos funcionarios. Con esta ley, las demandas de amparo que presenten estos funcionarios ante el Poder Judicial, alegando vulneración de sus derechos por parte del Congreso, serán desestimadas de inmediato. Así, los congresistas obtendrán un amplio margen para acusar e inhabilitar a funcionarios sin que dichas decisiones puedan ser revertidas por el sistema judicial.
En mayo del año pasado, el Congreso inhabilitó a la fiscal suprema Zoraida Ávalos mediante una acusación constitucional. Ávalos presentó un recurso de amparo para proteger sus derechos, y el Poder Judicial la restableció en su cargo, al determinar que los congresistas habían vulnerado sus derechos y el debido proceso. Situaciones similares ocurrieron con los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes también fueron inhabilitados por el Congreso. Ambos interpusieron recursos de amparo y lograron ser restituidos en sus funciones.
Con el dictamen fujimorista les hubiera sido complicado impulsar esas demandas. Ese es el plan: que los altos funcionarios no puedan cuestionar las acusaciones. En medio de eso, está en marcha una denuncia contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, quien afronta dos denuncias constitucionales que están en su etapa final.
