Eduardo Salhuana: revelan que trabajador del presidente del Congreso es su abogado personal

Eduardo Salhuana, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo 2024-2025, se encuentra bajo escrutinio público tras revelarse que habría utilizado a un trabajador de su oficina legislativa para su defensa en un caso judicial. Salhuana es acusado de presunta malversación de fondos durante su tiempo como integrante del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Según la información periodística revelada por el portal El Foco, Juan Carlos Zuel Ramos, es un miembro de su despacho congresal y actualmente asume las funciones de técnico. Sin embargo, lo que informa el mencionado medio es que durante su horario laboral ejerce como la defensa legal del también congresista de la bancada de Alianza para el Progreso.

Asimismo, el mencionado medio de comunicación señala que Zuel Ramos participó en 31 audiencias judiciales convocadas por el Poder Judicial por aproximadamente 1 año. No obstante, el referido no habría pedido licencia en el Legislativo para que pueda realizar su estrategia penal en beneficio de Salhuana Cavides y por consiguiente, no sufrió descuentos monetarios.

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Eduardo Salhuana: revelan que titular el Legislativo defendió ha sentenciado por tráfico ilícito de drogas

En conversación con los medios de comunicación, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, confirmó que, en su momento, defendió a una persona quien fue sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas ante el Tribunal Constitucional. El también integrante de Alianza para el Progreso señaló que asumió dicha acción en su "ejercicio libre como abogado".

Salhuana Cavides señaló que se trata de un caso en el que estuvieron involucradas aproximadamente 30 y 40 personas, de las cuales asumió la defensa técnica legal de 2 o 3 integrantes de la comunidad nativa de Bocamanu en el año 1995. No obstante, confirmó que la información revelada por El Comercio es "correcta".

“Primero, ese caso está relacionado con una situación vinculada a la comunidad de Bocamano, en Madre de Dios. Segundo, soy abogado de profesión y creo que en el ejercicio libre de mi profesión he ejercido esa labor en su momento, que es del año 1995 (...) “Una comunidad nativa de Madre de Dios estuvo vinculada en una situación de esta naturaleza, aprovechando la condición de lejanía y desconocimiento. Cerca de 30 o 40 fueron procesados por ese delito (tráfico ilícito de drogas) y yo fui abogado de uno o dos de ellos. Es en el libre ejercicio de mi labor como abogado”, manifestó ante los medios de comunicación en pasos perdidos del Congreso de la República.

Cuestionan al nuevo presidente del Parlamento Eduardo Salhuana por sus vínculos con la minería ilegal

Desde que se conoció las listas que iban a participar en las nuevas elecciones para la Mesa Directiva 2024-2025, diferentes agrupaciones sociales advirtieron que la candidatura de Eduardo Salhuana a la presidencia del Parlamento Nacional podría presentar un peligro debido a sus vínculos con la minería ilegal antes de que asumiera funciones como congresista de la República.

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Instituciones como Transparencia y ComexPerú señalaron que Salhuana Cavides ha presentado proyectos de ley que podrían perjudicar la lucha contra la minería ilegal.

¿Qué proyectos de ley presentó Eduardo Salhuana contra la minería informal?

• Proyecto de Ley 07287-2023-CR: comprendía medidas para frenar el crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país, aprobada sin mayor debate y sin dictamen.
• Proyecto de Ley 0894-2022: también conocida como Ley Antiforestal, la cual busca quitar la potestad del Ministerio del Ambiente de gestionar la zonificación forestal y permitir la titulación de predios rústicos sin sustento técnico.
• Proyecto de Ley 6259/2023: declara de interés nacional la planificación y construcción de infraestructura para el mejoramiento vial en el departamento de Madre de Dios. Esta propuesta incluía la construcción de carretera sobre pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Tras protestas, este tramo fue retirado.
• Ley que establece que el equipamiento decomisado a mineros no se destruya, sino que pase al sistema nacional de incautados.